La Justicia enmienda la política lingüística de Puig y re equilibra el peso del español en las aulas

La Sección Cuarta Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) enmienda la política lingüística de Puig, Oltra y Podemos al exigir que el castellano y el valenciano deben guardar una «proporción razonable» en la Educación plurilingüe. Este criterio es el mantenido por la sala en nada menos que 5 sentencias. Entiende también que, además, ambas lenguas deben guardar un equilibrio tanto en cuanto al tiempo lectivo como en su reparto entre las asignaturas troncales, tomando en consideración el contexto socioeducativo y demolingüístico (lengua materna o que hablan la mayoría de los alumnos…) y con la finalidad de garantizar que todo el alumnado hable correctamente ambas lenguas cuando finalice sus estudios.

La política lingüística de la Generalitat Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig y cuyo consejero de Educación es Vicent Marzà (Compromís) de nuevo en entredicho. Ahora, es el Alto Tribunal valenciano el TSJ el que ha tenido que intervenir. Y lo ha hecho a través de 5 sentencias, que establecen que español y valenciano deben guardar una proporción razonable y un equilibrio en cuanto a tiempo lectivo en su reparto en las asignaturas troncales, de modo que el alumnado salga de los colegios públicos valencianos hablando correctamente ambas lenguas. En la práctica: que el valenciano no puede primar sobre el español y que debe considerarse su presencia en las asignaturas troncales.

Todos los recurrentes sostenían que el español sufría discriminación, pero en 2 el TSJ ha fallado a favor de la Generalitat y ha aprobado sus proyectos lingüísticos en los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Villar Palasí de Valencia y Vicenta Ruso de Santa Pola. Sin embargo, el TSJ ha declarado nulos los proyectos lingüísticos de la Generalitat en otros 2 centros en las localidades de Turís y Beniganim. En estos casos porque reservaban al valenciano más del doble del tiempo lectivo y las asignaturas trocales, excepción hecha de lengua y literatura. En un quinto procedimiento, la Sala valida el reparto curricular en un centro concertado de la localidad alicantina de Elda, si bien sí estima parcialmente el recurso al considerar que no se han adoptado medidas para el alumnado con dificultades en el aprendizaje de idiomas o de incorporación tardía al sistema educativo valenciano.

En las sentencias hay dos consideraciones importantes, que señala el propio TSJ. Una, que se descarta que la actuación de la Administración vulnere el derecho fundamental de los padres a elegir libremente la educación de los hijos, infrinja la legislación o se fundamente en artículos de un decreto autonómico derogado. Otra, que sostiene también que sí se deben tener en cuenta criterios demolingüísticos, como cuál es la lengua materna o de la mayoría de alumnos. 

Las reacciones no se han hecho espera. La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Elena Bastidas ha sostenido que, de nuevo, los tribunales han tenido que enmendar la política lingüística de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig. Y ha agregado que el PP no va a consentir que la Comunidad Valenciana sea una copia de Cataluña y Baleares en materia de Educación.