Puig y Marzà elaboran un censo sectario para primar a entidades catalanistas

La Generalitat Valenciana de Puig, Oltra, Marzà y Podemos elabora un censo de entidades que fomentan el valenciano con un matiz sectario: margina a las que no siguen las normas de la Academia Valenciana de la Lengua.

La Consejería de Cultura valenciana que dirige Vicent Marzà (Compromís), el mismo consejero que abogaba por la eliminación de la asignatura de Religión en los colegios, ha puesto en marcha un censo de entidades que fomentan el valenciano. La inclusión en ese censo facilitará las donaciones que se efectúen a esas entidades, pero sólo a esas. El pasaporte lingüístico que tendrán que presentar para acceder al citado censo es el de seguir la normativa lingüística que impone la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), que si bien es cuestionada por el Partido Popular sí goza una posición prevalente con el Gobierno valenciano de izquierdas. Se da la circunstancia de que la AVL firmó en su día un acuerdo de cooperación con la Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes y la Universidad de Baleares en defensa de una normativa inclusiva y unitaria. Por tanto, en defensa del catalán. Ese acuerdo tuvo votos discrepantes en la AVL y acabó en los tribunales por su subordinación al Instituto de Estudios Catalanes, que pertenece a una comunidad autónoma (la catalana) distinta a la valenciana.

La diferencia esencial entre la AVL y las otras dos entidades normativas, Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), es que estas dos últimas sí marcan distancias entre el valenciano y el catalán, algo que en los tiempos que corren en la Comunidad Valenciana no es útil para ese proyecto de unos países catalanes con una lengua común: el catalán. Pues bien, para entrar en el censo de Marzà hay que respetar la normativa de la AVL. En suma: veto a entidades centenarias y alas a aquellas otras que en mayor o menor medida defienden el catalán.

Para evitar que ese censo salga adelante, el Partido Popular ha elaborado una batería de alegaciones al proyecto de creación del censo de entidades de fomento del valenciano, que fueron presentadas por la síndica portavoz del PP en las Cortes Valencianas María José Catalá y la vicesecretaria de Cultura del PP valenciano María José Ferrer San Segundo. Esencialmente, esas alegaciones sostienen que el censo de Marzà puede afectar a principios constitucionales tan básicos como la igualdad de los españoles, la libertad ideológica o la libertad de pensamiento y de expresión. y dicen, además, que también podría vulnerar los derechos a la libertad de asociación o sobre la libertad de enseñanza. Pero, incluso más allá de ello, los populares sospechan que la orden crea requisitos hechos a medida para filtrar sólo a determinadas entidades en detrimento de otras que tendrían igual derecho y entienden que lo que se visualiza es un «favoritismo, ya no disimulado, a las entidades que siguen la hoja de ruta catalanista».