Los niños de Canet aplastados por la inmersión en valenciano de los que no se habla

Puig, Marzà y Ribó
Puig y Ribó con el ex consejero de Compromís Vicent Marzà.
Ignacio Martínez

Los ataques que ha recibido la familia del niño de Canet por pedir sus clases en español no se circunscriben a Cataluña. Son los otros ‘niños de Canet’ víctimas de la asfixiante inmersión en valenciano de los que nadie habla.

Estudiar en español en España debiera ser un hecho habitual. Sin embargo, no siempre es así. Y la prueba más fehaciente es la que afecta al niño de Canet de Mar, en Cataluña, quien sufrió las iras de un supremacista catalán que llamó en redes a «apedrear» la casa de ese niño. El ‘pecado’ del menor y su familia: pedir que sus clases fueran en español. Fue el primero de una serie de sucesos que han convertido la vida de esa familia y del niño en un auténtico infierno en Cataluña, territorio español.

Hablamos Español, la Asociación que ha presentado ante Fiscalía una denuncia contra los autores de diversos mensajes en la red social Twitter que incitan a la violencia o al odio por razón de Lengua en el caso de Canet, trabaja en estos momentos en otros tres casos similares en la Comunidad Valenciana, que gobierna el socialista Ximo Puig y en la que la consejería de Educación es responsabilidad de Vicent Marzà (Compromís). Este último, fue quien muy recientemente abogó abiertamente por eliminar también la asignatura de Religión de los colegios. Marzà, además, ha concedido diversas ayudas a entidades de marcado signo catalanista, como Plataforma per la Llengua.

Los afectados que, como el niño de Canet, pelean porque sus derechos a estudiar en español sean reconocidos, en este caso en el ámbito territorial valenciano, son tres: dos en la Provincia de Alicante y uno en la de Valencia. Y, como el niño de Canet, se ven aplastados por la inmersión lingüística, en este caso del valenciano. Pero de ellos, de los tres valencianos, no se ha hablado hasta ahora. Sus casos hacen más fácil entender cómo el ‘procés’ a la valenciana está en la misma línea que el catalán: inmersión total. Y cómo se arrincona el español en favor del catalán y el valenciano en la escuela en los territorios que los nacionalistas conciben como los países catalanes (Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares).

Según explica la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, de los tres casos de la Comunidad Valenciana que guardan similitud con el de Canet, dos se han producido en el ámbito de la Educación Primaria. El tercero, en los ciclos de Formación Profesional. El perfil es el mismo: les obligan a estudiar y comunicarse en valenciano. Lo más sorprendente es que al menos uno de los dos casos de Educación Primaria afecta a un centro concertado, mientras que el otro tiene por escenario un centro público. Se da la circunstancia de que, el consejero valenciano de Educación, el ya mencionado Marzà, inició, en su momento, una guerra con la Educación Concertada en el ámbito territorial valenciano. Sin embargo, esa guerra parece ir reconduciéndose hasta el punto de que las trabas para estudiar, presentar sus trabajos y comunicarse en español han llegado a algunas de las aulas concertadas.

El otro caso, se dilucida en otro escenario: el de la Formación Profesional, donde según explica Lago las denuncias y reivindicaciones de los castellanohablantes no vienen necesariamente impulsadas por las familias, sino por la valentía de los estudiantes, que reivindican sus derechos a expresarse en español directamente. Algo, que marca el gran matiz diferenciador con Cataluña.

¿Y cómo les presionan? Según la Asociación, los métodos son diversos, pero el patrón es el mismo: comentarios en voz alta, notas que no se ajustan al esfuerzo realizado o no darles la nota cuando se la dan a los demás son algunos ejemplos que se han trasladado a diversas quejas.

Frente a esta discriminación, la Asociación ha puesto en marcha un ‘Manual de Rebeldía para los hablantes de español contra la dictadura lingüística’: una batería de consejos para plantar cara a la discriminación lingüística a través de los derechos con que la legislación asiste a los castellano hablantes y que incluye estudiar con libros en español, utilizar el español en clase, revisar que los contenidos de los libros de texto no incluyan un adoctrinamiento nacionalista, que los padres soliciten formar parte de las ampas (asociaciones de madres y padres en el ámbito del centro) y solicitar a la Administración y al centro que las comunicaciones con la familia se efectúen en español.

Actualmente, según confirma la propia Asociación, dos de los casos están en trámite de solución a través del diálogo con el propio centro. El tercero sigue enquistado. En este último caso, el centro no da su brazo a torcer y, a día de hoy, el equipo jurídico de la Asociación Hablamos Español está estudiando muy seriamente el modelo de denuncia que debe presentar, por vía civil o penal, si no existe una solución en un breve espacio de tiempo. Y no van en broma. Esta asociación, además de la denuncia ya comentada que presentó ante Fiscalía por el caso del niño de Canet ha denunciado también al consejero catalán de Educación por un presunto delito de prevaricación ya que a juicio de Hablamos Español instó al profesorado a no acatar la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a los centros a impartir un mínimo del 25% de sus clases en español.

En la Comunidad Valenciana, la Asociación esta inmersa en un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por lo que considera un intento de la Consejería de Educación que pretende impedir de modo supuestamente ilegal que los alumnos utilicen el español oralmente y por escrito en todas las asignaturas. Se fundamentan en que mientras que el docente sí está obligado a utilizar el valenciano por ser funcionario de la Administración Pública autonómica, no concurren en el niño circunstancias para que deba acatar esa obligación: por tanto, ni el niño es funcionario ni está obligado, entienden.

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