Desafío a Compromís: Hablamos Español lleva al TSJ la instrucción que impone el valenciano en las aulas

Desafío a Compromís: Hablamos Español lleva al TSJ la instrucción que impone el valenciano en las aulas porque pretende impedir que alumnado use el español oralmente y por escrito en todas sus asignaturas.

Hablamos Español, un colectivo que defiende la libertad de elección lingüística en todo el Estado español, cuestionará ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) la imposición del valenciano en las aulas a los alumnos de esa Comunidad. Cree que la Consejería de Educación, que dirige Vicent Marzà (Compromís) pretende impedir «ilegalmente»que alumnado use el español oralmente y por escrito en todas sus asignaturas. El detonante de esta denuncia es una instrucción dirigida por la Consejería de Educación de Marzà el pasado octubre a los centros educativos. En ella, se señala que tanto el uso del valenciano por parte de los alumnos en el devenir diarios de cada clase como los trabajos en valenciano en las asignaturas no lingüísticas se tengan en cuenta a la hora de establecer las calificaciones de esos alumnos. Por tanto, pueden bajarles nota.

Sin embargo, Hablamos Español considera que la Administración, en este caso la Consejería de Educación valenciana, sí puede imponer la lengua al profesorado, ya que se trata de personal funcionario y por tanto sujeto a las normas de la Administración, pero no a los alumnos. Agrega que, de ese modo, también, lo han considerado muchos profesores, que anteponen la importancia de que los jóvenes adquieran el conocimiento de los contenidos a una «mal llamada normalización lingüística». Ante esta circunstancia, Hablamos Español ha puesto a trabajar a sus abogados en un recurso al TSJ por tratarse de una instrucción que contempla de facto la imposición de sanciones y establece deberes que afectan a los alumnos, siendo, por tanto, objeto de recurso. Para Hablamos Español, la Consejería de Educación valenciana ha intentado disfrazar esa instrucción bajo el epígrafe de «consideraciones», lo que valora como un intento de eludir el control jurisdiccional, pese a que se trata de un acto administrativo de carácter reglamentario en el que se establecen deberes para los alumnos. Entiende, además, que las consideraciones jurídicas a las que alude la instrucción no amparan la prohibición que entienden pretende imponer y solo se refieren a la facultad de la Administración para imponer la lengua al docente.

La iniciativa es muy importante, porque de salir adelante, puede llegar a suponer el libre uso de la lengua española en las aulas por parte de los alumnos, con independencia de que el profesorado tenga o no la obligación de expresarse en valenciano. Por tanto, daría un vuelco total a la política educativa de Compromís y, en consecuencia de la Generalitat Valenciana en materia de lengua.

Hablamos Español ya demostró en el pasado que va muy en serio. Según publicó OK DIARIO, esta organización logró reunir en 2018 más de 500.000 firmas para elevar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la libertad de elección de lengua en los centros educativos. Cuenta con estructura en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades del Estado español y está presidida por la gallega Gloria Lago, quien en la presentación pública del medio millón de firmas en favor de su ILP destacó que, hasta la fecha, se había asistido al discurso nacionalista de que sus lenguas se mueren: «pues nosotros también tenemos cariño a la nuestra. Es la de nuestros afectos» y a lo largo de estos años ha demostrado que ese cariño se concreta con hechos. Uno de ellos, este recurso, que, sencillamente, quiere poner las cosas en su sitio.