El Gobierno abandona a la familia de Canet de Mar linchada por pedir clases en español para su hijo

El Gobierno ha optado por mantener un perfil bajo frente al señalamiento que vive una familia de Canet de Mar (Barcelona) por parte del independentismo tras lograr que la Justicia reconociera el derecho de su hijo, de cinco años, a recibir un 25% de las clases en español. Desde el Ejecutivo no se ha mantenido contacto alguno con la familia pese a que, desde hace días, es público el linchamiento lanzado a través de las redes sociales. Entre los mensajes se pide incluso «apedrear la casa» del menor y hacer que la familia «se vaya fuera de Cataluña». Las entidades Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Hablamos Español han presentado ante la Fiscalía denuncias un posible delito de incitación al odio.

No conoce los «detalles»

Hasta ahora, la respuesta del Gobierno se ha limitado a un tibio y genérico rechazo, y en respuesta a preguntas de los periodistas. Este martes, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, dijo reprobar «cualquier acción de acoso» contra la familia, pero al mismo tiempo admitió desconocer los detalles del caso.

«Desconozco los detalles de las personas que fueron los demandantes y la cuestión del niño, en cualquier caso, de ser así, por supuesto, hay que reprobar cualquier acción de acoso, es intolerable, y esa sería la posición del Gobierno, pero desconozco los detalles», precisó Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Una respuesta que evidencia el desinterés sobre el asunto.

Desde la Generalitat también se ha señalado a la familia. Preguntada por las amenazas, la portavoz Patricia Plaja se limitó considerar la decisión judicial «una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro» y criticó «que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es, por lo menos, sorprendente». Posteriormente aseguró también desconocer «este caso concreto» y sólo añadió que el Govern rechaza «siempre» cualquier amenaza «sea verbal o física», más aún tratándose de un menor. Cabe recordar que la Generalitat se ha negado a acatar las resoluciones de los tribunales que obligan a impartir el 25% de las clases en español.

Este jueves, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, se reunirá con la dirección y las familias de la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), a donde acude el pequeño acosado, pero lo hará para apoyar las reivindicaciones de las familias contrarias a la decisión judicial, que debe ejecutarse a partir de ese mismo día. La secretaria general de la consellería de Educación, Patricia Gomá, ya instó a las familias de la escuela que estuviesen en contra de recibir el 25% de las clases en español a «hacer público su rechazo».

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de obligado cumplimiento, se conoció el 22 de noviembre y, la pasada semana, el centro se la comunicó a los padres de los alumnos. Algunos de ellos mostraron su disconformidad en las redes, lo que fue aprovechado por el separatismo para cargar con virulencia contra el pequeño y la familia. La protesta ha logrado una gran repercusión gracias al altavoz de los medios públicos catalanes.

Desde la asociación que ha guiado a los padres, Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), se explica que el proceso se llevó a cabo de una forma discreta para evitar que se pudiese identificar a los denunciantes y protegerles de la reacción del independentismo. El principal interés es que su identidad se mantenga protegida. La familia afectada está «segura y firme», según esta asociación, y cuenta también con el apoyo de otros padres que sí están de acuerdo con la decisión judicial.

«La familia de Canet agradece las muestras de apoyo que esta recibiendo. Pide que no se hagan concentraciones ni a favor ni en contra delante del centro educativo. Y anuncia que seguirá defendiendo los derechos lingüísticos de su hijo de la mano de la AEB», ha señalado este miércoles la organización a través de sus perfiles en las redes sociales.

El caso ha provocado las reacciones políticas. El Partido Popular ha reclamado al Gobierno que vele por el cumplimiento de la sentencia y que «no mire hacia otro lado» cuando el Govern «compadrea con quienes dicen que hay que apedrear a un niño», según ha denunciado la responsable del Comité de Derechos y Garantías del partido, Andrea Levy. Levy ha considerado de «una gravedad absoluta» que se «amedrente» a un pequeño por el hecho de que su familia pida que se cumpla la ley.

«Lo que está haciendo el nacionalismo con la familia de Canet de Mar que reclama su derecho a una educación también en español no tiene nombre. ¿A qué espera el Gobierno para salir en su defensa? ¿Piensa la ministra de Educación cumplir con su obligación y proteger a esta familia?», ha señalado por su parte la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Desde Vox se ha anunciado que denunciarán a dos independentistas por un presunto delito de odio contra el niño. «Se acabó la impunidad para aquellos que pretenden condenar a la muerte civil a la mayoría de catalanes. ¡Os sentaremos en el banquillo como hicimos con vuestro líderes!», ha avisado el presidente del partido en Cataluña, Ignacio Garriga.

«Si alguien encuentra a la ministra de Educación, Pilar Alegría, de puente, ¿podría informarle de que hay una familia acosada en Canet de Mar por pedir que se cumpla la ley», ha escrito por su partelas la AEB en sus redes.

🙏Por favor, si alguien se encuentra a la Ministra de Educación @Pilar_Alegria de puente

¿Podría informarle que hay una familia acosada en Canet de Mar por pedir se cumpla la ley?

Y que el Conseller @educaciocat y su tropa apoya a los que acosan a esos padres

Gracias

— AEB Catalunya (@AEBCatalunya) December 8, 2021