La ‘ley Magnitsky’ permite castigar a Zapatero por complicidad con las atrocidades cometidas por Maduro

La ley Magnitsky, que podría servir al Ejecutivo de Donald Trump para actuar contra el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, es una normativa estadounidense aprobada en 2012 que permite al Gobierno de Estados Unidos sancionar a individuos extranjeros responsables de violaciones de derechos humanos y corrupción en el exterior.

El sindicato Manos Limpias remitió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos un escrito el pasado año solicitando la aplicación de la ley Magnitsky al ex presidente Zapatero por su complicidad con el régimen de Nicolás Maduro en la violación de derechos humanos en Venezuela. Una dictadura ahora en manos de Delcy Rodríguez tras la captura de su antecesor –acusado de narcoterrorismo– y su esposa, Cilia Flores, por parte del Ejército de EEUU el pasado 3 de enero.

Según remarca Manos Limpias en su escrito, «habiendo decretado EEUU que el régimen chavista se sustenta en la organización narcoterrorista Cartel de los Soles liderada por Nicolás Maduro, y habiendo constatado múltiples organizaciones internacionales que se trata de un régimen corrupto, que tortura, asesina y roba a sus ciudadanos, violando los derechos humanos e impidiendo elecciones libres, de haber obtenido José Luis Rodríguez Zapatero pagos u otras componendas de dicho régimen por realizar gestiones en defensa del mismo, el patrimonio obtenido sería ilícito e incurriría en el delito de blanqueo de capitales».

La Ley Global Magnitsky –denominación de la ampliación de 2016– tiene como objeto sancionar a aquellas personas y entidades que incurren en conductas contrarias a los derechos humanos o que bien colaboran con los autores de dichas conductas en cualquier parte del planeta. La ley matriz de 2012 limitaba las sanciones a funcionarios rusos involucrados en abusos de derechos humanos, mientras que la reforma de 2016 abrió la posibilidad de aplicarlas a escala mundial.

Esta ley fue impulsada por la Administración de Barack Obama y en su elaboración participaron congresistas demócratas como Jim McGovern, que jugó un papel destacado. Fue el propio Obama, tan admirado en las filas del socialismo español, quien firmó la Magnitsky Act en el Despacho Oval de la Casa Blanca en un acto celebrado el 14 de diciembre de 2012.

Esta normativa lleva el nombre de Sergei Magnitsky, un abogado y auditor ruso que en 2008 denunció un fraude fiscal masivo de 230 millones de dólares perpetrado por funcionarios rusos. Fue arrestado, torturado y murió en prisión en 2009 tras ser privado de atención médica.

En concreto, esta ley autoriza al Gobierno estadounidense a imponer sanciones (congelación de activos y prohibiciones de visado) a personas involucradas en violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción significativos.

Esta legislación no requiere que las violaciones ocurran en territorio estadounidense. Y las personas sancionadas no pueden entrar a Estados Unidos ni acceder a sus activos en el sistema financiero estadounidense.

De esta manera, según la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, el presidente estadounidense tiene potestad para imponer sanciones a cualquier persona extranjera, siempre que exista una evidencia creíble de que dicha persona sea «responsable de ejecuciones extrajudiciales, tortura u otras graves violaciones de derechos humanos» cometidas contra aquellas personas que en cualquier país extranjero hayan «expuesto actividades ilegales llevadas a cabo por funcionarios del Gobierno» o «promovido los derechos humanos y las libertades internacionalmente reconocidos, como las libertades de religión, expresión, asociación y reunión, y el derecho a un juicio justo y a elecciones democráticas».

Se incluyen también aquí los funcionarios o altos cargos de un gobierno y sus asistentes que «participen o sean responsables de actos de corrupción significativa», así como todo aquel que «haya actuado como agente o en nombre de violadores de derechos humanos o que haya prestado asistencia material a funcionarios corruptos». Estos también podrán ser sancionados.

Imitada en otros países

Como explica Javier Rodríguez Abengózar, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en el artículo Sanciones Internacionales como herramienta de soft power: los casos de la invasión de Crimea y la aplicación de la Global Magnistky Act, esta norma estadounidense ha sido imitada por otros países como Canadá o Reino Unido o incluso la UE.

Abengózar recuerda que el Parlamento Europeo aprobó en diciembre de 2020 una «norma basada en el modelo estadounidense para la lucha internacional a favor de los derechos humanos, aunque dejando fuera las cuestiones de corrupción que también contempla la Global Magnitsky Act».

En España, como publica este jueves OKDIARIO, el PSOE celebró en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados la aprobación de ley Magnitsky por la Administración Obama en el marco de la «defensa de los derechos humanos» en el mundo, según recoge el Diario de Sesiones.