Urdangarin y Torres se piensan la oferta del fiscal: 6,2 millones y 9 años de cárcel

El juicio por el caso Urdangarin comenzará el próximo 11 de enero y las defensas de Iñaki Urdangarin y Diego Torres aceleran las negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción para rebajar la condena de sus defendidos si devuelven el dinero público cobrado de manera indebida y asumen los cargos que se les imputan.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach podría reducir un grado la condena del marido de la infanta Cristina y de su exsocio si aportan los 6,2 millones que cobraron de forma indebida a los gobiernos balear y valenciano. La Fiscalía abre la posibilidad de llegar a un acuerdo previo a la celebración del juicio que hasta el momento no ha obtenido respuesta por ninguna de las partes.

Tanto Pascual Vives, letrado de Urdangarin, como Manuel González Peeters, abogado de Torres, son conscientes de que tienen poco margen para poner condiciones ya que en la causa hay elementos suficientes para que se mantenga la condena de ambos por malversación, fraude, falsedad o delito fiscal. Hasta el momento, Urdangarin se ha negado a asumir cualquier grado de responsabilidad en la comisión de estos delitos, rechazando varias veces efectuar una confesión sobre aspectos delictivos. Si el marido de la infanta acepta el trato de la Fiscalía deberá asumir la culpa junto a Torres de todos los delitos penales.

Esta no sería la primera vez que ambas partes intentan cerrar un acuerdo. En abril de 2012, fiscal y abogados se reunieron para fijar un calendario de encuentros, pero sólo cuatro días después el abogado de Torres filtró correos electrónicos sobre Urdangarin que dieron al traste con la estrategia de defensa común que habían emprendido. En 2013 volvieron a retomarse los contactos, que tampoco fructificaron debido a que Urdangarín seguía en sus trece: sólo aceptaba devolver el dinero pero no a ir a la cárcel, una condición que se ha considerado por parte de la Fiscalía como una línea roja a la que no renunciará antes de sentarse a negociar.

Urdangarin se enfrenta a una petición de 19 años y medio de prisión por los supuestos delitos de los que se le acusa en el caso Noós. Si su abogado, Mario Pascual Vives, acepta el trato de la Fiscalía, Urdangarin no se libraría de ir a la cárcel pero sí vería reducida su condena casi a la mitad, es decir, 9 años de prisión. Por su parte, Diego Torres se enfrenta a 16 años de prisión que podrían quedar reducidos a 8.

Una reducción de las penas pasaría por la asunción de la responsabilidad penal, el retorno de los fondos malversados —6,2 millones de euros— y, por supuesto, la entrada en prisión de ambos acusados. Además, para que se llegue a cualquier pacto es necesario que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía General del Estado estén conformes.

El fiscal Horrach detalló de forma pormenorizada en su escrito de acusación cómo las entidades de la trama se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears. En total, 2,6 millones de euros.

Asimismo, consignó las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalló en su escrito de acusación cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo. Estas cantidades sumarían 3,6 millones de euros, por lo que sumados los dos montantes la cifra asciende a 6,2 millones de euros.

Calendario del juicio

El juicio empezará el 11 de enero momento en que las partes expondrán las cuestiones previas en una sesión con presencia de todos los acusados, incluida la infanta.

Los acusados comparecerán entre el 9 y el 26 de febrero, según el orden propuesto por el Ministerio Fiscal, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis ‘Pepote’ Ballester, si bien el orden puede modificarse si lo solicitan las partes durante la vista y así lo considera el Tribunal.

Los 363 testigos lo harán del 8 de marzo al 17 de mayo. A partir del 18 de mayo y hasta el 7 de junio tendrán lugar las pruebas periciales y desde esa fecha y hasta el 30 de junio están previstos la prueba documental, conclusiones e informes de las partes y trámite de última palabra de los acusados.