Se me olvidó que te olvidé
Andalucía tiene un talento poco reconocido, que pasa por indignarse con fuerza para olvidarse con la misma rapidez. Las redes arden, los titulares de protesta copan los diarios, pero de pronto, se hace el silencio. Y aquí no ha pasado nada.
Justo ahora que se aprueba la Ley de Memoria Democrática convendría aclarar de qué memoria hablamos, porque la andaluza suele durar lo que tarda en aparecer el siguiente escándalo. Gobernar frente a un pueblo noble, generoso y resiliente permite dejar hacer al olvido, convertido ya en mecanismo de defensa colectiva que siempre acaba beneficiando a quien manda. Basta echar la vista atrás.
La crisis del cribado del cáncer fue una de esas líneas que nunca deberían cruzarse. La Junta de Andalucía admitió 2.317 mujeres afectadas, aunque las asociaciones elevaron la cifra hasta 4.000. El problema no fue técnico, fue político. Se supo y no se actuó. Se calló hasta que la presión social y judicial hizo estallar la crisis. Y, sin embargo, a finales de 2025 la Fiscalía archivó la denuncia de las víctimas. Capítulo cerrado. Indignación anestesiada.
Pero en sanidad, los andaluces son castigados por una crisis más amplia y estructural. Las listas de espera son el ejemplo más claro de cómo el olvido se convierte en costumbre. Cientos de miles de personas esperan hoy una consulta o una intervención quirúrgica. Meses para una resonancia, más de un año para cirugías «no urgentes». La pandemia tensó el sistema, sí, pero las demoras ya estaban ahí antes y siguen ahí ahora pese a los anuncios de planes de choque y refuerzos puntuales. El problema es estructural y se engrosa con precariedad laboral, déficit de inversión, una constante planificación tardía y, por supuesto, falta de personal. Menos mal que, por arte de birlibirloque, «su majestad» de los Reyes de Oriente han traído este año «buenas nuevas». El anuncio de más de 4.300 nuevos profesionales sanitarios y una OEP de más de 10.000 plazas en Andalucía que suena a solución, pero genera más dudas que alivio con desigualdad territorial creciente que perjudica aún más a las zonas rurales.
Todo ello erosiona la confianza en la sanidad pública, provocando el incipiente enfado, que dejará paso a la resignación hasta normalizar lo inaceptable. Y de ahí a un olvido que, mientras siga siendo rentable políticamente, seguirá engordando silenciosamente las listas.
Con el caso de las mascarillas en Almería ocurrió algo parecido. Mientras la población contaba contagios, alguien contaba billetes. Un contrato de emergencia de millones de euros adjudicado en 2020 acabó, presuntamente, con cuantiosas comisiones ilegales, alrededor de una decena de personas investigadas, detenciones y la caída de altos cargos del Gobierno almeriense, incluidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación. La causa sigue en instrucción por cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias. ¿Almerienses protestando?
Cuando parecía que el campo no podía soportar más, llegó la borrasca Francis con más de 2.000 hectáreas de cultivos dañadas, invernaderos destrozados y pérdidas aún sin cuantificar. Y sin tiempo para recuperarse y todavía en la digestión del roscón, les azota otro golpe de gracia con la firma de Mercosur.
Un acuerdo secundado por PSOE y PP que abre el mercado europeo a productos agrícolas de terceros países con menores costes y menos exigencias, justo cuando el campo andaluz sobrevive con márgenes mínimos.
Y aquí aparece la grieta política. Los azules apoyan el acuerdo en Bruselas, aunque en Andalucía piden comprensión para los agricultores y reclaman «cláusulas espejo» que nunca llegan. Se vota una cosa fuera y se dice otra dentro. Sólo los de Abascal han rechazado frontalmente Mercosur y han votado en contra en Europa manifestando que no se puede exigir normas cada vez más duras mientras se les pone alfombra roja a los de fuera de Europa.
Al final, el campo se queda solo y Andalucía vuelve a pagar decisiones que se toman lejos pero se sufren aquí. Y como aderezo, el cómplice silencio en la difusión de la información, como quien evita que una pandemia se extienda, con el temor de no salpicar demasiado en los previos a las urnas. De nuevo, dejemos «hacer al olvido».
Y como colofón, Andalucía asume nuevos menores migrantes no acompañados por imposición del Gobierno de España. Porque le obligan sí. Pero porque en el «corazón» andaluz cabe más de lo soportable. Tengamos en cuenta que la comunidad andaluza mantiene una precariedad estructural, con alto paro y temporalidad, riesgo de pobreza incluso entre personas con empleo y falta de recursos en sanidad y educación, siendo los colectivos más afectados jóvenes, mujeres y trabajadores con contratos temporales o a tiempo parcial.
Y con ese escenario toca masticar que el coste medio anual de un menor migrante tutelado sea entre 50.000 y 60.000 euros (más de 4.000 euros al mes), según datos oficiales, incluyendo atención social, educativa, sanitaria y recursos residenciales. Con más de 2.800 plazas, la factura para Andalucía supera los 150 millones de euros anuales, una carga que la Junta lleva tiempo denunciando como infrafinanciada por el Estado y que repercuten en todos y cada uno de los andaluces.
Todo esto en una comunidad que soporta además una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular. Solo en el último año, más de 15.000 personas llegaron de forma irregular a las costas andaluzas, muchas de ellas menores, tensionando aún más un sistema ya al límite. Aquí está el nudo del problema. Andalucía cumple la ley, pero paga casi sola. Y, como casi siempre, los números pesan más que los discursos. Y se vuelve a demostrar que la «solidaridad» sin financiación no es política social. Es abandono institucional.
Sanidad, educación, inmigración ilegal, corrupción, nefastas gestiones y un sin fin de razones que llevan a pensar que más allá de enfrentarse a un problema político, los andaluces debieran reaccionar a un problema social. Porque el olvido también es una forma de complicidad. Y cuando los andaluces aceptan que las crisis se cierren solas, sin responsabilidades ni cambios reales, están aceptando que todo vale. Andalucía necesita memoria de la incómoda, para no perder de vista lo mucho sucedido pese al cambio de titulares y para siempre que, en lugar de acomodarse a escuchar el melancólico De dónde habita el olvido, empiece a tararear, con o sin Valdés, Se me olvidó que te olvidé.