Forestalia renuncia a los 2,8 millones de ayudas del Gobierno de Sánchez concedidos en 2022

Forestalia Renovables SL, una de las empresas sospechosas de beneficiarse de contactos políticos en el Gobierno del PSOE, ha renunciado formalmente a la subvención de 2.799.999 euros que le fue concedida en diciembre de 2022 por el Ministerio de Hacienda en el marco del programa de Incentivos Regionales, destinada a financiar una planta de producción de pellets en el Parque Empresarial de Andorra, en Teruel.

La renuncia, tal como adelanta OKDIARIO, fue presentada el 4 de noviembre de 2025. Este martes su propietario, Fernando Samper, ha sido detenido en el marco de la Operación Peserte, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de licencias ambientales para parques de energías renovables en Aragón.

Se investiga a un cargo de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica, por supuestas mordidas a cambio de licencias de parques eólicos.

Ya el pasado 11 de diciembre, la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado registró durante seis horas la sede central de Forestalia en Zaragoza, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

En esa investigación fueron detenidos la ex militante socialista Leire Díez, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del ex dirigente socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar, eje central del caso Koldo.

Tras la operación de la Guardia Civil, Forestalia emitió un comunicado en el que manifestaba su «plena colaboración» con las autoridades policiales y judiciales.

Ahora OKDIARIO puede aportar que la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, dirigida por Ana Cristina Peña Sánchez, aceptó la renuncia mediante resolución del 16 de diciembre de 2025. El documento oficial es taxativo: la empresa «consta que no ha percibido cantidad alguna de la subvención concedida».

Incentivos regionales a Forestalia

Forestalia presentó su solicitud de incentivos regionales el 30 de junio de 2021. El proyecto, radicado en el Polígono Industrial Parque Empresarial de Andorra, en Teruel, consistía en una nueva instalación para la fabricación de pellets de madera.

El Grupo de Trabajo de la zona de promoción económica de Aragón valoró favorablemente el expediente en su reunión del 6 de octubre de 2022 y propuso una subvención equivalente al 20% de la inversión subvencionable, que ascendía a 13.999.999 euros: 2.508.807 euros en obra civil y 11.491.192 euros en bienes de equipo. El proyecto comprometía la creación de 36 puestos de trabajo y el mantenimiento de 97 empleos en el conjunto de la sociedad.

La concesión fue formalizada mediante una orden ministerial de 2022 y notificada a la empresa el 29 de ese mismo mes, con un plazo de vigencia inicial hasta el 29 de diciembre de 2024, que fue prorrogado hasta el 29 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la empresa no llegó a ejecutar el proyecto. Según la resolución de archivo, Forestalia «no ha llegado a acreditar la ejecución del proyecto ni el cumplimiento de las condiciones exigidas en la resolución de concesión».

La concesión de incentivos regionales, recuerda la norma, «no implica automáticamente el derecho a su cobro», ya que las ayudas están supeditadas al cumplimiento de condiciones específicas de inversión y empleo, y el pago final queda sometido al ejercicio de la función interventora de la Intervención General de la Administración del Estado.

La renuncia de Forestalia se enmarca en un contexto que ha adquirido una nueva dimensión esta semana. La Operación Peserte, ejecutada este martes, ha resultado en la detención de seis personas, entre ellas Fernando Samper, propietario de Forestalia, y del ya citado Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Operativa Medioambiental del Seprona, trata de determinar si se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de permisos de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en la provincia de Teruel, a cambio de mordidas.

En los registros practicados en una docena de inmuebles en Madrid y Zaragoza —incluidas las sedes de Forestalia en ambas ciudades— los investigadores habrían hallado, según fuentes próximas a la investigación, aves electrocutadas en zonas próximas a los parques, elementos que podrían poner en cuestión la viabilidad ambiental de las licencias obtenidas.

No es la primera vez que Forestalia aparece en el centro de una investigación. En diciembre de 2025, la UCO entró en la sede de la empresa en Zaragoza en el contexto de una operación distinta, para tratar de determinar su vinculación con el ex dirigente socialista Santos Cerdán.

La Guardia Civil tenía asimismo bajo sospecha a Forestalia por una subvención de unos 17 millones de euros concedida a Arapellet, empresa afincada en Huesca también relacionada con la producción de energía.

Los incentivos regionales a los que Forestalia ha renunciado son ayudas a fondo perdido reguladas por una ley de 1985 diseñadas para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales en España.

En 2022, el programa aprobó 135 proyectos en todo el país, con una subvención total concedida de 150,9 millones y compromisos de creación de 2.006 puestos de trabajo. En ese año, Aragón fue una zona de escasa afluencia de solicitudes: solo dos proyectos pidieron ayuda, y los siete finalmente aprobados en esa comunidad recibieron una subvención conjunta de 5,5 millones de euros.

La cronología del expediente encierra una paradoja sugestiva: cuatro años de trámites administrativos, una subvención aprobada por casi 2,8 millones de euros, un plazo de vigencia prorrogado, y al final, ni un euro cobrado, presuntamente ni un pellet producido en Andorra, y el dueño de la empresa detenido.