El juez imputa a otros 6 altos cargos del Gobierno de Sánchez por amaños en la ‘trama Leire’

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga a la presunta trama de corrupción articulada en torno a Leire Díez, ex militante socialista, ha imputado a siete personas más junto a ella, al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

A estos últimos tres se les detuvo en diciembre, pero ahora en la causa que sigue bajo secreto de sumario, tal como desvela OKDIARIO, hay otros siete imputados, altos cargos en empresas públicas controladas por el Gobierno del PSOE y Sumar. Se trata de personas que ejercían de enlaces con la trama en las direcciones de ENUSA, Mercasa, Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y SEPIDES.

La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, apunta a que el grupo criminal habría amañado hasta cinco contratos públicos valorados en conjunto en 132,9 millones de euros, canalizando las comisiones ilegales hacia inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca.

La causa llegó al juzgado de Pedraz después de que el juez de guardia de la Audiencia Nacional Antonio Piña acordara dejar en libertad a los tres detenidos con medidas cautelares. La fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas había interesado esas mismas medidas durante la vista celebrada ese día, descartando el ingreso en prisión preventiva.

El grupo investigado se autodenominaba Hirurok, término vasco que significa «nosotros tres», lo que apunta a una estructura deliberadamente cerrada y cohesionada.

Según la UCO, sus integrantes habrían actuado de forma concertada para favorecer a determinadas empresas en la concesión de adjudicaciones o rescates públicos a cambio de comisiones ilegales que, posteriormente, habrían sido blanqueadas a través de inversiones inmobiliarias en dos de los mercados de lujo más opacos del país.

Hasta ahora la gran pregunta era por qué están imputados tres personas actualmente ajenas a la Administración pública. Ahora fuentes jurídicas explica que hay otros siete imputados que se han personado recientemente con abogado y procurador en la causa. Se trata de directivos de empresas públicas que habrían colaborado con la trama. Hablamos de ENUSA –la empresa estatal de uranio donde trabaja Charo Arévalo–, la propia SEPI, Mercasa, Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), una filial sectorial de la SEPI.

Acciona y Enusa, en el foco

Uno de los cinco amaños investigados implica precisamente a ENUSA y a la multinacional Acciona. Según una diligencia de ordenación del Juzgado Central de Instrucción número 6, a cuyo contenido ha conseguido OKDIARIO, «la operativa tiene lugar en un contexto en el que la sociedad Acciona se encontraba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública» Enusa: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.

No es un detalle menor que la propia Leire Díez trabajara como directora de comunicación en Enusa entre 2018 y 2021, lo que le habría proporcionado un conocimiento privilegiado de la estructura interna de la empresa y de sus procesos de contratación. Ahí coincidió con Charo Arévalo, una socialista que fue consejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha y con la que acabó enemistada. Se trata de una licenciada en Ciencias Políticas y Sociología con muchos enemigos en la empresa por su forma de ser y trabajar déspota.

Para materializar la operación, varios directivos de Enusa junto a los tres investigados habrían ideado, según la UCO, «un plan para viabilizar esta operación y, además, obtener un rédito económico».

El mecanismo habría consistido en contratar al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP con la finalidad aparente de dar soporte jurídico a la operación, introduciendo en esa contratación sobrecostes cuantificados en el 50% del importe del contrato.

Esos fondos habrían sido canalizados después hasta sociedades de la órbita de Hirurok. En aparente correlación, la UCO ha documentado pagos del referido despacho a la mercantil Mediaciones Martínez —sociedad que los investigados habrían usado para vehicular las comisiones ilegales— por un importe total de 17.545 euros, IVA incluido.

Los cinco contratos amañados

La investigación de la UCO ha identificado cinco operaciones presuntamente fraudulentas. La de mayor cuantía es el rescate concedido por el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas de la SEPI a Tubos Reunidos, el grupo vasco fabricante de tubos de acero, por valor de 112,8 millones de euros, otorgado en junio de 2021 tras el cierre del ejercicio 2020 de la siderúrgica con pérdidas superiores a los cien millones.

A esta se suman una adjudicación de Mercasa a Servinabar; un contrato de ENUSA a Residuos de Melilla (Remesa); la concesión del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) a la empresa de derribos Erri Berri por 2,8 millones, con una comisión ilegal estimada en 400.000 euros; y una ayuda de Sepides, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, a Forestalia Arapallet por valor de 17,32 millones, de la que los investigados habrían extraído 200.000 euros en comisiones.

El caso tiene su génesis en la investigación del caso Koldo. En las pesquisas sobre Servinabar, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, la Guardia Civil encontró en el móvil del primero la información que precipitó la operación.

El Gobierno autorizó al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández a incorporarse a Servinabar en mayo de 2021, tras haberle guardado el puesto durante 18 meses. La Oficina de Conflictos de Intereses dio luz verde a esa incorporación sin aparente reparo, un detalle que la instrucción podría ahora escrutar con particular minuciosidad.

El juez Pedraz, que ya instruye el caso hidrocarburos contra Víctor de Aldama y posiblemente contra José Luis Ábalos, acumula así en su juzgado dos de las causas más explosivas que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez. La trama Leire no es una pieza aislada: es, cada vez más, otro salmer de la misma bóveda que amenaza con derrumbarse sobre La Moncloa.