El Congreso vuelve a demostrar a Sánchez que gobierna sin mayoría y tumba su decreto social ‘fake’

El decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que incluía el autodenominado «escudo social» ha decaído este jueves en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Las formaciones conservadoras habían solicitado que esta norma no incluyese la protección de los okupas junto con las ayudas sociales a los ciudadanos vulnerables. Sin embargo, el Ejecutivo se ha negado a presentarlo por separado y sólo ha cosechado los votos de sus socios habituales de la izquierda, que son minoría en la Cámara Baja.

Desde el PP, el diputado José Vicente Marí Bosó ha lamentado que el Gobierno haya traído un «decreto con apoyo a los okupas con el que no tienen mayoría, mezclado con las ayudas que tienen que aprobar año a año porque no son capaces de aprobar porque no tienen presupuestos». «No da igual porque no daba igual que Franco fuera un dictador y al mismo tiempo hiciera pantanos», ha afeado para recordarles que, como aseguraba Sánchez antes de ser presidente, «no se puede gobernar a golpe de decreto ley».

Además, el popular ha criticado que «el fracaso de sus escudos sociales es evidente». A ojos del representante del PP, este decreto «no puede ser un fin en sí mismo, sino para sacar a la gente de la vulnerabilidad, no para mantenerla». «Las moratorias y prórrogas no resuelven, lo aplazan», ha reprochado, para recordar que van «7 años de escudos sociales» y la vulnerabilidad no para de crecer con un «25,7% de los españoles en riesgo de pobreza o exclusión». «Ustedes son la máquina más perfecta de enviar a la gente a la pobreza», ha espetado al Gobierno.

Una «casta de inalquilables»

En el caso del Vox, el diputado Carlos H. Quero ha culpado del problema de la vivienda al Gobierno. Ha tildado de «vergüenza» es que lleven «tanto tiempo en el Gobierno y hayan prometido ser la legislatura de la vivienda», pero que acabe siendo la de la «jamás producida y mucho menos entregada».

El representante del partido de Santiago Abascal ha asegurado que entiende que «la vida puede torcerse», pero reprocha al Gobierno que cargue la responsabilidad de sufragar la vivienda a los particulares en lugar de las propias administraciones públicas: «Son quienes tienen la obligación legal y moral». Sin embargo, ha lamentado que «no hacen ninguna puñetera casa». «Están privatizando el Estado del bienestar».

Además, ha acusado al Ejecutivo de haber «creado una casta de inalquilables». «Al llamarles indesahuciables le han puesto la etiqueta de inalquilables», ha justificado, para concluir: «Sigan presumiendo de escudo social mientras entregan a la gente a la pura miseria social».

«Juegan con el sufrimiento de la gente»

Por su parte, Junts criticaba al Gobierno de Sánchez por tener la «peor forma de gobernar» al forzar «las costuras del respeto democrático» por volver a mezclar el escudo social con el decreto antiokupación. «Juegan con el sufrimiento de las personas como instrumento político», ha aseverado Marta Madrenas, diputada de la formación de Carles Puigdemont.

«Ya les advertimos que todo junto no íbamos a votar a favor y ahora repiten lo mismo, han separado las pensiones pero vuelven a mezclar medidas sociales con okupaciones que no podemos aceptar», ha zanjado la representante de Junts. «Esto no es improvisación, es chantaje político», ha reprochado la diputada del partido independentista. Y ha sentenciado: «Les volvemos a decir lo mismo pensiones y escudo social sí, okupaciones no».

A su vez, ha criticado que los pequeños propietarios de inmuebles tengan que vivir una «penitencia indefinida» que llevan sufriendo desde el Covid, según Junts. «Algunos hace 5 años que no cobran el alquiler y los inquilinos vulnerables no avanzan», ha detallado.

«No vamos a validar una excepcionalidad eterna», ha aclarado, para expresar que «la política no puede utilizar a la gente como instrumento y generar más problemas de los que resuelve». Y ha afeado al Gobierno que no haya sabido «darle una salida estable en seis años» a la situación de los vulnerables.

El decreto ha contado con los apoyos de los socios habituales del Gobierno, Bildu, ERC, Sumar, BNG o Podemos, es decir, una minoría de izquierdas. Desde la formación morada incluso recriminaron al Ejecutivo que podrían «haber hecho más» por lograr los apoyos de los partidos conservadores. Sánchez sí que logró cosechar los votos a favor del PNV, no considerado del lado izquierdo del hemiciclo, gracias a las cesiones para proteger a los pequeños propietarios de inmuebles ante la okupación.

Del ómnibus al antidesahucios

En un primer momento, el Gobierno había intentado colar todo tipo de ayudas del «escudo social» en un decreto ómnibus y trató de vincular su vigencia a la subida de la retribución que reciben los pensionistas. Sin embargo, los votos de PP, Vox y Junts en el Congreso hicieron decaer esa medida mientras Podemos y el resto de los socios de la legislatura, incluidos los de la coalición de Sumar, la secundaron.

Más tarde, el Gobierno troceó este real decreto. Por un lado, se aprobó el real decreto para revalorizar las pensiones y, por otro, el resto de medidas. Ahora tenía que convalidarse en la Cámara Baja. Sin embargo, las mismas formaciones que rechazaron el ómnibus dieron la espalda a esta propuesta, ya que, mientras estaban a favor de mantener las ayudas sociales a las personas vulnerables, no apoyaban la parte de la norma que protege a los okupas.

En el decreto del conocido como escudo social se incluía la prohibición por ley de la ejecución de desahucios para colectivos vulnerables, así como también se prohíbe el corte de suministros como agua o luz en aquellas viviendas donde habiten.

Dentro de ese mismo texto se encontraba la actualización de las bases de cotización del sistema de la Seguridad Social y la tabla de cotizaciones de los trabajadores autónomos.

Asimismo, daba a las exenciones fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos así como a la exención en el IRPF de las indemnizaciones por daños personales derivadas de los incendios forestales registrados en diversas Comunidades Autónomas durante el verano de 2025.