La UCO localiza chats de la ‘trama Leire’ con mesas de contratación y el juez avisa de que caerán funcionarios

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localiza chats de los miembros de la trama Leire Díez con representantes de las mesas de contratación y el juez avisa de que «caerán muchos funcionarios» durante la investigación judicial.

Tal y como ha podido saber este periódico, el ex presidente de la SEPI detenido Vicente González Guerrero tenía hilo directo con empleados de la Administración Pública en la que trabajó décadas. Guerrero se comunicaba con ellos a través de su teléfono móvil, en el que se guardan mensajes de él mismo, interesándose por licitaciones.

Los investigadores han encontrado estos mensajes y los han incluido en el sumario de la causa que permanece bajo secreto debido a que aún quedan por practicar diligencias. Entre ellas no se descartan nuevas entradas y registros o detenciones que tendrá que decidir Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, a quien le ha sido encargado el asunto.

La fiscal anticorrupción tomó declaración a los investigados tras pasar a disposición judicial después de tres días detenidos para que no destruyesen pruebas. El empresario Antxon Alonso y la militante del PSOE Leire Díez se negaron a declarar, pero Vicente Fernández Guerrero, que fuera presidente de la SEPI, sí dio explicaciones.

La representante del Ministerio Público le sacó a Fernández sus mensajes con funcionarios que componían las mesas de contratación y el ex líder de la SEPI trató de explicarlos. Algunos de ellos no los recordaba y en otros aseguró que se trataban de asuntos personales de su interés.

Funcionarios involucrados

Durante la declaración en sede judicial el pasado sábado 13 de diciembre, el juez de guardia de la Audiencia Nacional, que en ese momento era Antonio Piña, aseguró que había funcionarios involucrados en el procedimiento judicial.

A los investigados se les imputan los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Algunos de estos delitos sólo pueden cometerse gracias a la connivencia con funcionarios o trabajadores de la Administración. De este modo, el juez se centra en estos trabajadores.

Investigación de Leire Díez

El procedimiento judicial pilló por sorpresa a Leire Díez, que desconocía que estaba siendo investigada por una nueva causa en la Audiencia Nacional. Los investigadores se centran en una red de corrupción en la Administración Pública de la que Leire Díez formaría parte.

La denuncia parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional investiga una presunta trama que habría operado entre 2021 y 2023. Las pesquisas se centran en un grupo de mensajería cifrada autodenominado Hiroruk, integrado por Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Antxon Alonso.

«El objetivo de esta organización era obtener el máximo beneficio económico mediante el cobro de comisiones irregulares, canalizadas principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez SL», señalan los investigadores en un escrito judicial al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Y prosiguen explicando que el modus operandi del grupo consistía en aprovechar las posiciones, relaciones y capacidad de influencia de sus miembros sobre personas vinculadas a la función pública. De este modo, habrían orientado diversos expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros, obteniendo ventajas económicas a cambio de su intermediación en procesos de contratación pública.

Cinco operaciones

El juez investiga cinco operaciones concretas en las que el grupo Hiroruk habría desplegado sus capacidades para conseguir decisiones favorables. La primera fue un supuesto «rescate» otorgado por SEPI a la sociedad Tubos Reunidos SA. por valor de 112,8 millones de euros, en el que habrían intermediado para facilitar el otorgamiento de la ayuda a cambio de comisiones por 114.950 euros.

La segunda se atribuye a la empresa Mercasa y es la adjudicación de un contrato a Servinabar 2000 por 18.119,75 euros. También se investiga la adjudicación de un contrato por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias a favor de una UTE por 2,8 millones de euros y que la empresa habría canalizado 400.000 euros al grupo de Leire Díez como contraprestación.

Y por último, se analizan supuestos pagos de Enusa al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes por 17.545 euros, y una ayuda de Sepides a la sociedad Arapellet por 17,32 millones de euros, con un pago previo de 200.000 euros al grupo Hiroruk a través de Forestalia.

Los investigados niegan los hechos y sus defensas tratarán de acreditar que los contratos se hicieron cumpliendo los requisitos legales.