El ex presidente de la SEPI logró que el Gobierno diera 48 millones a una empresa que pagó a la ‘trama Cerdán’

Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI y detenido este miércoles por la Audiencia Nacional tras trabajar para Servinabar –la empresa de Santos Cerdán y Antxón Alonso–, maniobró presuntamente para la concesión de un préstamo público de 48,7 millones de euros desde la SEPI a la armamentística vasca SAPA.

La operación se formalizó en diciembre de 2022, cuando Fernández Guerrero ya figuraba en la nómina de la mercantil asociada al ex dirigente socialista Santos Cerdán y al empresario vasco Antxón Alonso. Se trata de la sociedad investigada por pagar mordidas de contratos públicos en la trama Koldo. Precisamente SAPA le pagó 145.200 euros a Servinabar entre 2021 y 2022.

El préstamo de SEPIDES –una filial de la SEPI– se enmarcó dentro del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) –que depende del Ministerio de Industria–, según ha confirmado el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria al PP.

La financiación, gestionada por SEPIDES, tenía como objetivo supuestamente «acometer un proyecto de ampliación y modernización de la capacidad productiva» de Sapa.

Pagos a Servinabar

Según el detallado informe de 635 páginas de la Hacienda navarra remitido al Supremo sobre Servinabar, Sapa Operaciones transfirió 145.200 euros a Servinabar entre 2021 y 2022. Los pagos se efectuaron en dos remesas: una de 101.640 euros y otra de 43.560 euros.

Estas transferencias coincidieron con la entrada de Sapa en el capital de Indra en diciembre de 2021, operación que contó con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez a través de la SEPI. La empresa vasca adquirió inicialmente un 5% de la compañía de defensa y posteriormente elevó su participación hasta el 7,94%.

Fernández Guerrero ocupó la presidencia de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019, cuando cesó tras ser imputado por supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. En mayo de 2021 fue contratado por Servinabar como director comercial, según consta en la autorización de compatibilidad de la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno.

Solo en 2021, Servinabar abonó 68.632 euros a Fernández Guerrero. Su vinculación con la empresa se prolongó hasta febrero de 2023.

Préstamo de la SEPI

El proyecto de Sapa fue aprobado en agosto de 2022 por un importe inicial de 48.729.000 euros. La formalización se produjo cuatro meses después, «ajustándose el importe final de la financiación a la ejecución real del proyecto presentado», según explicó el Ejecutivo.

El préstamo se concedió «a coste de mercado» para «promover inversiones de carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo, la competitividad y las capacidades industriales del sector industrial en nuestro país», argumentó el Gobierno en su respuesta parlamentaria oficial. Las condiciones para acceder a la financiación del FAIIP pueden consultarse en la página web de Sepides, ha añadido el Ejecutivo.

SAPA se ha consolidado como una de las principales contratistas del Ministerio de Defensa, con casi 60 millones de euros en adjudicaciones durante los últimos años. En 2022, la empresa vasca recibió además una subvención de 32 millones de euros procedente de los fondos europeos.

La compañía, dirigida por el presidente de la Real Sociedad y uno de los empresarios más acaudalados de España, se especializa en tecnología de transmisiones y movilidad para vehículos militares. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando se fundaron las Reales Fábricas de Armas Portátiles de Fuego de la Villa de Placencia.

La investigación del caso Koldo ha puesto el foco en Servinabar y sus vínculos con altos cargos del Gobierno y del PSOE. La UCO incautó documentación que señala a Santos Cerdán como partícipe del 45% de la empresa, según las pesquisas judiciales.

Ahora la Guardia Civil ha detenido a Vicente Fernández y a Leire Díez por contratos irregulares en la SEPI y uno de ellos podría ser el de SAPA. Las fuentes oficiales han precisado que los arrestos son por un procedimiento nuevo, diferente al caso Koldo, que se mantiene secreto. Podría haber más detenidos y registros de la UCO a instancias del juez Antonio Piña y la Fiscalía Anticorrupción.

El informe de la Hacienda navarra también reveló otros pagos a Servinabar de otras empresas vinculadas al entorno del PNV. La constructora cobró 180.000 euros de Cycasa y 33.800 euros de Bidelan, ambas adjudicatarias del Gobierno Vasco. Pagos por supuestos informes de baja calidad que en realidad escondían el salvoconducto para poder contratar con la Administración pública.

Fernández Guerrero, letrado de la Junta de Andalucía desde 1999, ocupó diversos cargos en la administración autonómica antes de su nombramiento al frente de la SEPI. Fue secretario general de Innovación, Industria y Energía entre 2012 y 2016, e interventor general de la Junta en 2016.

Su designación como presidente de la SEPI se produjo el 23 de junio de 2018, tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y bajo la tutela de María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda. Cesó 16 meses después tras ser imputado por el caso Aznalcóllar, por el que acababa de ser absuelto.

SAPA Plasencia cerró el ejercicio 2024 con pérdidas de 1,37 millones de euros tras recibir una sanción de 1,62 millones de la Hacienda Foral de Guipúzcoa por el Impuesto de Sociedades de 2019, informó VozPopuli. La mercantil tributa en régimen consolidado como cabecera del grupo, que incluye a SAPA Operaciones y otras filiales.

La concatenación de hechos –pagos a empresa investigada, vínculos laborales con ex altos cargos y préstamo público millonario– dibuja un entramado que el juez deberá esclarecer. Mientras tanto, en la SEPI, uno de los organismos estatales donde más dinero se maneja, se dispara el miedo entre el personal.