El arrendatario del piso franco del PSOE dirige la empresa de Cerdán que registró la UCO la semana pasada

Vicente Fernández Guerrero, arrendatario del piso franco en el que se reunían las cloacas del PSOE, dirige Servinabar 2000 SL, la empresa vinculada a Santos Cerdán en la que recientemente entró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden judicial. La compañía está siendo objeto de investigación por presuntas comisiones vinculadas al Partido Socialista.

Servinabar ha recibido presuntos tratos de favor del partido que dirige Pedro Sánchez. Fichó a Vicente Fernández Guerrero tras dejar su cargo como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El andaluz llegó a este cargo a propuesta de la ministra María Jesús Montero, que le trajo de Andalucía para colocarle en uno de los puestos más codiciados de la Administración.

Vicente Fernández Guerrero dejó la SEPI tras ser imputado en el caso de corrupción de Aznalcóllar. En mayo de 2021, trató de incorporarse a Servinabar.

La empresa está controlada por un empresario vasco llamado Antxon Alonso Egurrola, que es amigo de Santos Cerdán. Alonso Egurrola también conoce a Koldo; fundó una sociedad con él y llegó a patrocinarle durante sus exhibiciones como aizkolari (cortador de troncos) en localidades de Navarra. 

Adjudicaciones irregulares

Servinabar está bajo la lupa de los investigadores, ya que fue seleccionada junto con otras dos compañías en una unión temporal de empresas (UTE) para ejecutar la gran obra civil de la región foral: los túneles de Velate. La compañía se adjudicó más de 60 millones de euros públicos del Gobierno de Navarra y de España.

La adjudicación estuvo rodeada de controversia, ya que varios de los ocho integrantes de la mesa de contratación pusieron en duda el procedimiento y la evaluación técnica. Según revela el expediente en poder de OKDIARIO, otra oferta iba en primera posición hasta que intervino el voto del presidente de la mesa de contratación. 

Operación de la UCO en Navarra

Los agentes de la UCO hicieron una entrada y registro en la pequeña sede de Servinabar, ubicada en Pamplona, el pasado martes 10 de junio. La diligencia fue dirigida por el teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción.

La UCO buscaba documentación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación para las obras para del desdoblamiento del túnel de Velate, desveladas por OKDIARIO en el mes de mayo.

La entrada y registro en esta empresa fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo mediante un auto. El instructor motiva su decisión en un informe de la UCO, recibido el pasado 5 de junio, en el que existen presuntas irregularidades.

«El informe policial establece una identificación concreta de las obras mencionadas, las cuales podrían haber sido adjudicadas indebidamente con la participación del investigado. Estas obras se encuentran relacionadas con ciertas grabaciones encontradas, tal como se explica en el oficio mencionado, en dispositivos intervenidos al investigado en esta causa, don Koldo García Izaguirre», expone el magistrado.

Y prosigue: «Los elementos encontrados constituyen fundamentos suficientes para considerar que dichas adjudicaciones indebidas se habrían producido como consecuencia de la posible intervención ilícita del afectado mediante las medidas adoptadas. De esta manera, habría obtenido un beneficio económico determinado, tal como él mismo podría haber admitido en ciertos pasajes de las conversaciones registradas».

El piso de la cloaca

Vicente Fernández Guerrero alquiló uno de los pisos francos que tiene el PSOE en Madrid para reunirse con la cloaca. Fuentes vecinales aseguran haberle visto en numerosas ocasiones por el edificio de la calle Diego de León número 36, en pleno barrio de Salamanca, que Leire Díez utilizaba para sus reuniones. 

Vicente Fernández Guerrero subía hasta la sexta planta en la que se ubicaba el piso franco. Según las mencionadas voces, al inmueble también accedía una abogada llamada María, experta en contabilidad, y un empresario sevillano.

Todos ellos dijeron que habían alquilado el piso para montar un despacho de abogados junto a unos socios. Sin embargo, los socios no aparecieron y acabaron dejando el piso. Mientras tanto, Leire Díez hacía uso de la propiedad.

Llevaban a confidentes hasta el piso, accediendo por el garaje y estaban durante horas en el interior del mismo intentando sacarles información. A cambio, les ofrecían pactos con la Fiscalía y mejorar su situación judicial en el caso de aquellos que estuvieran imputados.

El piso contaba con tres habitaciones en las que había tres mesas de reuniones. No estaba amueblado, ni habitado. Únicamente era utilizado por la cloaca del PSOE para nutrir su campaña contra jueces, fiscales y periodistas críticos con el Gobierno.