Un socio venezolano del testaferro de Zapatero que dirigía un banco chavista acabó detenido en la trama ‘PDVSA-Cripto’

Xavier León Anchustegui, el alto cargo venezolano que en diciembre de 2020 firmó en Caracas un contrato con la sociedad offshore del principal testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, ha acabado detenido por sus vínculos con la mayor trama de corrupción investigada en Venezuela en dos décadas: el caso PDVSA-Cripto, que implica el desvío de entre 5.550 y 16.900 millones de dólares procedentes de la venta de petróleo estatal.

El contrato que acorrala a Zapatero, como publicó OKDIARIO, está fechado el 18 de diciembre de 2020 en la capital venezolana. Fue suscrito entre el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y Landside Holding Ltd, una sociedad domiciliada en el segundo piso de un edificio de Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas.

León Anchustegui aparece en ese acuerdo intervenido por la UDEF en su condición de vicepresidente ejecutivo de BANDES. Julio Martínez Martínez figura como presidente de Landside –la empresa matriz de la sociedad dubaití que, según la investigación, ordenó crear Zapatero–.

El objeto del acuerdo era la recuperación de fondos que BANDES había depositado en Noor Capital PSC, una gestora financiera con sede en Abu Dabi, al amparo de un Portfolio Management Agreement suscrito el 15 de septiembre de 2017.

A cambio, el contrato garantizaba a Martínez –y a su vez a Zapatero si se demuestra esa condición de hombre de paja– una comisión del «8,75% de los fondos recuperados durante las negociaciones», según recoge literalmente el documento consultado por este periódico.

El mandato otorgaba a Landside Holding «pleno poder notarial para actuar en su nombre» y la facultad de subcontratar a «consultores, abogados o auditores» según estimase oportuno.

La trama ‘PDVSA-Cripto’

El caso PDVSA-Cripto investiga el mecanismo por el que Venezuela comenzó a intercambiar petróleo chavista por criptomonedas entre 2019 y 2022, una arquitectura financiera diseñada para eludir las sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro.

Según la Fiscalía venezolana, «las divisas producidas por las ventas del crudo se canalizaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles».

El juicio, que se celebra a puerta cerrada en el último piso del Palacio de Justicia de Caracas bajo estricta vigilancia, arrancó en abril de 2026 con 64 imputados.

En el banquillo figura como presunto capo principal Tareck El Aissami, ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo, junto al ex ministro de Finanzas Simón Zerpa, el ex diputado Hugbel Roa y el ex superintendente de Criptoactivos Joselit Ramírez, entre muchos otros. Hay más de 60 acusados.

Los cargos incluyen traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Es en ese contexto donde la figura de Xavier León Anchustegui adquiere una relevancia singular.

Antes de su arresto, León Anchustegui había acumulado multitud de cargos económicos en la administración chavista: viceministro de Articulación Económica del Ministerio de Finanzas, vicepresidente del BANDES y gobernador alterno de Venezuela ante el Banco Mundial.

Fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2024, junto a otros tres ex altos cargos —Oswaldo Pérez Cueva, Juan Santana y Erick Jacinto Pérez Rodríguez— acusados de vínculos con la red criminal de El Aissami y Zerpa.

La coincidencia de fechas

Hay un dato que los investigadores consideran especialmente significativo: el mandato entre BANDES y Landside fue firmado dos días después de que la aerolínea Plus Ultra suscribiera un acuerdo de pago con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC). La sospecha es que el Gobierno chavista pactó con Plus Ultra que iban a encargarse de transportar materiales delicados y de ellos se beneficiaría Zapatero en paraísos fiscales.

La Audiencia Nacional española investiga si el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en noviembre de 2020 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue el resultado de una intervención ilícita de una red de influencias liderada, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), por el propio Zapatero.

La coincidencia de fechas, de ciudad y de partes implicadas ha llevado a los investigadores a apuntar que ambos documentos forman parte de un mismo entramado.

Julio Martínez Martínez fue detenido en España en diciembre de 2025. En el registro de su domicilio se hallaron 300.000 euros en efectivo que él mismo reconoció no haber declarado a Hacienda. El juez José Luis Calama ha citado a Zapatero para prestar declaración como investigado en junio. Posteriormente declarará su amigo Julito.

Una cláusula de confidencialidad contemplada en el punto octavo del contrato obligaba a ambas partes a mantener en secreto «toda la información divulgada directa o indirectamente, por escrito o por cualquier otro medio». Una estipulación que no ha resistido el escrutinio judicial.

Lo que el contrato muestra es, precisamente, aquello que hasta ahora sólo existía como hipótesis en los informes policiales: dos personas, una fecha y un porcentaje. El dinero público venezolano, la sociedad pantalla radicada en un paraíso fiscal y la comisión pactada han dejado de ser conjeturas. Son cláusulas numeradas en un documento oficial. El nexo entre el entramado financiero venezolano y la causa española tiene ahora, por primera vez, un papel que lo acredita —y ese papel refleja dos nombres con problemas con la justicia.