El ‘caso Aznalcóllar’ salpica a una figura clave de María Jesús Montero: 348 años de cárcel en juego

El juicio por el polémico concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar ha arrancado en la Audiencia Provincial de Sevilla con 16 acusados —entre ellos varios altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE— enfrentándose a una petición total de 348 años de cárcel. El caso afecta de lleno a Vicente Fernández Guerrero, uno de los hombres de máxima confianza de María Jesús Montero, actual vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz.

Fernández Guerrero, ex secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía, se enfrenta a una petición de 19 años de prisión, 60 de inhabilitación y una multa de dos millones de euros. Fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cargo del que dimitió al conocerse su imputación en esta causa.

Adjudicación con irregularidades

Los hechos se remontan a 2013, cuando, en plena crisis del caso ERE, el Gobierno de la Junta de Andalucía —entonces presidido por Susana Díaz— lanzó un concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. A pesar de estar valorada en más de 18.000 millones de dólares en los mercados internacionales, el proceso de licitación atrajo únicamente a dos empresas: EMERITA RESOURCES ESPAÑA, filial de una firma canadiense cotizada en Toronto, y Minorbis S.L.U., constituida apenas un mes antes del cierre de la primera fase del concurso, con tan solo 3.000 euros de capital y sin experiencia en el sector minero.

Según los documentos judiciales, Minorbis presentó su candidatura acompañada únicamente de un «Acuerdo de Pláticas» con Grupo México, un documento que, según la legislación española, no garantiza ningún compromiso y debería haber supuesto su exclusión automática. Sin embargo, fue esta empresa la que acabó ganando el concurso, lo que ha despertado numerosas sospechas sobre un posible trato de favor desde la Junta socialista de Andalucía.

Trato de favor a Minorbis

La empresa canadiense recurrió judicialmente la adjudicación, y desde entonces, según los documentos, ha sido objeto de una campaña de descrédito. El embajador de Canadá llegó a enviar una carta a Susana Díaz defendiendo la solvencia del proyecto de EMERITA, respaldado por el banco de inversión Forbes & Manhattan.

El proceso judicial ha revelado una cadena de llamadas entre Mario López Magdaleno (representante de Minorbis), Vicente Fernández Guerrero, y Joaquín Merino Márquez (presidente de EMERITA), en las que se intentó convencer a esta última para formar una oferta conjunta en la que Minorbis se quedaría con el 50% del proyecto sin aportar inversión alguna.

Declaraciones clave de los funcionarios

En el juicio, varios funcionarios de la comisión técnica han dejado en evidencia el proceso. Aurora Gomera Martínez, Alberto Fernández Bueno y Luis Cordero González admitieron que las ofertas presentadas «no eran definitivas» y que las empresas «podían modificar sus proyectos a posteriori», lo que, según los principios legales de contratación pública, viola la igualdad de trato, transparencia y concurrencia.

Más grave aún fue la declaración de Manuel Gil Calderón, quien reconoció que EMERITA debió haber recibido un 40% más de puntuación técnica por incluir una planta de tratamiento de agua (PTA), puntuación que no se reflejó en la evaluación final. «Si se le hubiese concedido, habría ganado el concurso», afirmó.

Estas revelaciones podrían favorecer la defensa de Vicente Fernández, que ha solicitado declarar el último y podría escudarse en las decisiones de la comisión técnica para eludir su responsabilidad.

Impacto ambiental cuestionado

Minorbis y la empresa MINERA LOS FRAILES, S.L. —creada por Grupo México tras la adjudicación— han modificado de forma sustancial su propuesta técnica, lo cual está prohibido por las bases del concurso. Entre los cambios más relevantes:

• Añadieron una nueva planta de tratamiento de agua 10 años después, tras no haber planteado ninguna en su oferta original.
• Proyectaron depósitos de minerales y balsas que no figuraban inicialmente y que no cuentan con los trámites ambientales obligatorios.
• Planean verter aguas tratadas al río Guadalquivir sin estudios suficientes sobre el impacto ecológico ni planes de emergencia ante un posible desbordamiento.
• Además, carecen del Informe de Compatibilidad Urbanística (ICU) necesario para comenzar la explotación, y no se han contemplado adecuadamente las afecciones a la Red Natura 2000, entre otras graves carencias documentales.

Cargos y penas solicitadas

Aparte de Vicente Fernández, están imputados funcionarios clave en la Consejería de Hacienda entonces dirigida por María Jesús Montero, como:

• J.M.A.P., interventor delegado
• J.R.Z., jefe del servicio de contratación
• M.J.A.C., directora general de Minas
• P.S.C.S.I., letrada de la Consejería
• S.C.L., secretario general de Medio Ambiente en Sevilla
• I.M.V., jefe del servicio de Minas
• También están procesados Mario e Isidro López Magdaleno, propietarios de la empresa Magtel, a quienes se les pide hasta 17 años de prisión por su papel como intermediarios para Grupo México.

La Fiscalía solicitó el archivo de la causa en dos ocasiones, pero la Audiencia de Sevilla ha mantenido el procedimiento al considerar que existen «ilegalidades severas».