Hipocresía socialista: la catástrofe de Aznalcóllar dejó en Doñana 30 toneladas de animales muertos

El PSOE, inmerso ya en la carrera electoral de cara a las municipales del 28 de mayo, ha fijado su estrategia en criticar con fiereza a la Junta de Juanma Moreno por la Proposición de Ley que el Parlamento andaluz tramita para regular los regadíos en Doñana. Un entorno natural sobre el que el socialismo pone ahora el foco mediático, pero que durante 37 años no fue tan prioritario.

El 25 de abril de 1998 tenía lugar el desastre ecológico de Aznalcóllar (Sevilla). El presidente andaluz era entonces el socialista Manuel Chaves. Una presa minera del municipio reventó y más de cinco millones de metros cúbicos de lodo recorrieron 62 kilómetros hasta llegar a Doñana. El río de barro provocó una de las mayores catástrofes medioambientales vividas en las últimas décadas, con 3.600 hectáreas afectadas por el lodo tóxico y las aguas residuales que contaminaron todo a su paso, con ácidos, metales pesados y peligrosos químicos. Según Ecologistas en Acción, se retiraron 30 toneladas de animales muertos. Hoy, 25 años después de la tragedia, la Junta de Andalucía sigue tratando de que la empresa sueca Boliden, entonces propietaria de la presa minera de Aznalcóllar, pague las consecuencias del desastre.

En 1996, poco antes de reventar el dichoso muro de contención de la balsa, desde la televisión autonómica andaluza vaticinaban los hechos. Un periodista medioambiental y un técnico de minas advertían del peligro desde el programa Espacio protegido de Canal Sur. La presa podía estallar en cualquier momento por su deficiente estructura. La alerta no tuvo eco y el riesgo se tornó catástrofe.

No fue el único aviso. Dos años antes, una asociación ecologista presentó las primeras denuncias al respecto, quejas que llegaron a la Consejería de Industria y a la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entonces bajo el paraguas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El Gobierno central y autonómico estaban al corriente de la situación, pero nadie hizo nada.

Además, y según rememora el citado periodista medioambiental a El Confidencial, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) había investigado ya el origen de los residuos contaminantes en el río Guadiamar. Efectivamente, los metales detectados en sus aguas eran filtraciones de la mina. El patronato de Doñana incluso recomendó la elaboración de un plan de emergencias que quedó en el aire, si bien la Agencia de Medio Ambiente de la Junta sí fue capaz de detectar las filtraciones. Pero hasta ahí. Luego nadie hizo nada. Y llegado el momento, ya era demasiado tarde. Tras el desastre, la restauración del entrono natural costó alrededor de 240 millones de euros de las arcas públicas.

El laberinto judicial en el que desembocó aquel río de barro dejó la imputación y dimisión de Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex alto cargo de la Junta de Andalucía, si bien el caso se ha archivado y reabierto ya varias veces.

Por volumen, el vertido ha sido el segundo gran accidente ecológico minero en el mundo y el mayor de Europa. En 2002, el hundimiento del Prestige dejó 63.000 toneladas de petróleo en el mar de Galicia. Según un estudio del CSIC, el impacto contaminante del vertido de Aznalcóllar fue cien veces superior al de aquel accidente.