Los obispos salen en defensa de los musulmanes de Jumilla: «Atenta también contra los no creyentes»

Los obispos han salido en defensa de la comunidad musulmana tras la medida aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, que prohíbe a partir de ahora utilizar los espacios municipales para la celebración de fiestas islámicas como el Ramadán o la Fiesta del Cordero. «Atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta sólo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes», han comunicado desde la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Además, los obispos han señalado el artículo 16.1 de la Constitución Española, sobre la libertad religiosa y de culto: «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley». Sin embargo, la moción no es anticonstitucional, como se dijo en un primer momento desde la izquierda.

Lo cierto es que la enmienda impulsada por Vox y aprobada también con los votos del PP no prohíbe la realización de actos religiosos de una confesión específica en polideportivos o la vía pública. Lo que en realidad recoge es la modificación del reglamento para que estos espacios municipales estén destinados «exclusivamente para el ámbito deportivo», dejando fuera «actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento». Es más, en ningún momento menciona «ni Islam ni prohibición», como han recordado desde el PP. Por tanto, los musulmanes ya no podrán celebrar el Ramadán ni la Fiesta del Cordero -ni ninguna otra fiesta islámica- en estos espacios que el consistorio cedía para el rezo colectivo.

Aun con ello, la CEE asegura que estas restricciones «por motivos religiosos» son «una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas», a lo que añaden que «la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas personas puedan causar».  De ser así, continúan, deben valorar la situación especialistas «con criterios técnicos» y «objetividad», para no tomar una decisión «arbitraria o ideológica».

Por su parte, el PP ha denunciado la instrumentalización que está haciendo el Gobierno de la medida tomada en Jumilla y ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por buscar «polarizar» con este asunto pese a que la moción aprobada por el Ayuntamiento «no menciona Islam ni prohibición», en palabras de Elías Bendodo, vicesecretario de Política autonómica y municipal.

Pese a ello, el Gobierno de Sánchez ha utilizado la iniciativa para colgar la etiqueta de «xenófobo» al PP,  tal y como denuncia Jaime de los Santos. El vicesecretario de Educación e Igualdad del partido ha sido tajante al aclarar que «respeta cualquier otra fe» de la misma manera que él mismo pide «respeto como católico». Así, ha declarado que en ningún momento se va a «señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece».

Este mismo jueves el Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido que estará vigilante y «seguirá de cerca» lo que ocurra en Jumilla (Murcia), después de la aprobación de la moción con la que buscan «proteger la identidad del pueblo», que se está difuminando por la celebración de las fiestas islámicas. Así lo argumenta la enmienda a la que el consistorio ha dado luz verde.

Esa labor de seguimiento consistirá en el rastreo de delitos de odio en el municipio murciano. Según el Ejecutivo, «estas iniciativas» que «atentan contra la libertad y dignidad de las personas» podrían «potenciarlos».

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que llevarán a cabo esta misión a través de su Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), con el que persiguen una sociedad «libre de discriminación, racismo y xenofobia».