Andalucía denuncia un «nuevo timo» del Gobierno con la financiación pactada entre Sánchez y Junqueras

La Junta de Andalucía ha reaccionado con indignación y alarma política al acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para reformar el sistema de financiación autonómica. El Ejecutivo andaluz considera que el pacto es un «timo», un nuevo agravio comparativo que rompe el principio de igualdad entre territorios y que vuelve a situar al independentismo como árbitro de decisiones que afectan al conjunto del país.

El acuerdo, negociado en la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder de ERC, Oriol Junqueras, contempla un incremento de 4.700 millones de euros para Cataluña –que aumentará un 12% su capacidad presupuestaria– y el reconocimiento del principio de ordinalidad, una vieja reivindicación del nacionalismo catalán. Aunque el Gobierno central sostiene que el nuevo modelo garantizará más recursos para todas las comunidades autónomas, varias regiones –con Andalucía a la cabeza– temen que el reparto consolide desequilibrios estructurales y premie a los socios parlamentarios del Ejecutivo.

La reunión entre Sánchez y Junqueras es la primera desde que el líder independentista salió de prisión tras ser condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación por su papel en el procés. El presidente de ERC pasó casi cuatro años entre rejas hasta que fue indultado por el Gobierno en 2021.

El pacto, «un timo»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido en sus redes sociales de que Andalucía no aceptará un modelo que la sitúe de nuevo en desventaja: «Mal empieza la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, negociada unilateralmente con un inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios de España». Moreno ha sido tajante: «Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad».

Mal empieza la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, negociada unilateralmente con un inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios de España.#Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad.

— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 8, 2026

Más dura aún ha sido la reacción de la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que ha criticado que Sánchez reciba a Junqueras «como si fuera un jefe de Estado» para negociar «el cupo independentista».

«No se puede permitir que los recursos que se van a distribuir entre todos los españoles, entre todas las comunidades autónomas, se negocien única y exclusivamente por dos actores (Sánchez y Junqueras). Ya estamos cansados de que, una vez más, el sistema de financiación sea perjudicial para Andalucía», ha aseverado Carolina España.

La consejera de Hacienda ha subrayado que Andalucía es la comunidad «que más pierde» con el actual modelo, según el último informe de Fedea, con «1.528 millones de euros menos cada año», y ha recordado que el sistema vigente fue pactado en 2009, también entre ERC y un Gobierno socialista, en este caso el de José Luis Rodríguez Zapatero.

«Una vez más, el independentismo guía el camino de este país, y no podemos permitir que Andalucía siga perdiendo», ha rematado. Con el sistema actual, cada andaluz recibe 248 euros menos que cada catalán, y la ordinalidad implica ahondar aún más en esa «desigualdad».

Las críticas de la consejera se han dirigido especialmente a la ministra Montero: «Lo que más nos duele es que hay una andaluza, que es la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, que es la que debería estar defendiendo los intereses de Andalucía, y está defendiendo los intereses del señor Pedro Sánchez y los del independentismo con un nuevo agravio y un nuevo ataque a Andalucía».

La portavoz de la Junta también ha cuestionado la cesión del 100% de la gestión del IRPF a Cataluña y una eventual condonación de deuda, medidas que ha calificado como «un timo» para los españoles y los andaluces.

El Gobierno central, por su parte, insiste en que la reforma corrige las carencias de un sistema caducado y pide al PP que la apoye, pero Andalucía ya ha marcado su línea roja política.