El ex nº 2 de Montero y empleado de Cerdán hizo llamadas y mandó correos para amañar otro concurso en 2015

Vicente Fernández Guerrero, ex directivo de Santos Cerdán en la empresa Servinabar y ex subordinado de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda y en la Junta de Andalucía, utilizó su cargo público para, según se está juzgando en Sevilla, favorecer irregularmente a una empresa en el concurso de la mina de Aznalcóllar mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, según documentos judiciales y policiales a los que ha tenido acceso este periódico.

Fernández Guerrero se enfrenta a una pena de 19 años de cárcel. El protegido de María Jesús Montero, que fue nombrado presidente de la SEPI y que no fue reemplazado en el puesto durante 18 meses tras ser imputado, también encara una petición de 60 años de inhabilitación y dos millones de euros de multa por su implicación en el caso Aznalcóllar.

El juicio oral, que celebra estas semanas la Audiencia Provincial de Sevilla con 16 acusados (entre ellos varios altos cargos socialistas andaluces), investiga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación relacionados con la adjudicación irregular del concurso para reabrir la mina de Aznalcóllar en 2015. La juez Mercedes Alaya calificó los hechos como un «cúmulo de irregularidades arbitrarias».

Los documentos judiciales detallan cómo Fernández Guerrero mantuvo contactos sábados y domingos a horas intempestivas con los empresarios beneficiados, llegando a coordinar encuentros con la multinacional brasileña Odebrecht a través de su pareja sentimental.

La manipulación investigada del concurso público para adjudicar los derechos mineros de la reserva de Aznalcóllar quedó documentada cuando el 11 de abril de 2014 el representante de la empresa Minorbis visitó las oficinas de la competidora Emérita Resources. Según consta en el auto judicial, ese hombre les dijo que la empresa Magtel «tenía la llave del concurso» y que para demostrárselo recibirían «una llamada de la Consejería de Innovación» en cinco minutos.

«Efectivamente transcurrido dicho tiempo recibieron la llamada del secretario de la consejería Vicente Fernández, llamada telefónica que éste último reconoció haber efectuado», según recoge textualmente la resolución judicial.

Esta llamada no fue un hecho aislado. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentó más de 40 intercambios de correos electrónicos entre Vicente Fernández y los hermanos López Magdaleno entre 2013 y 2015, muchos de ellos enviados en fin de semana y de madrugada.

Correos nocturnos

Los investigadores encontraron correspondencia enviada a las 22:12 horas de un sábado (6 de julio de 2013), a las 22:52 horas de otro sábado (16 de noviembre de 2013), a las 02:18 horas de la madrugada (20 de agosto de 2014) o a la 01:48 horas de otra madrugada (23 de mayo de 2014). En total, el análisis forense reveló «una excelente relación personal» con «correos recíprocos enviados y contestados inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas». Algo muy poco habitual entre un empresario y un alto cargo autonómico con responsabilidades de gestión.

En estos correos, según el auto judicial, «los representantes de Magtel solicitaban directamente a Vicente Fernández su intermediación en asuntos administrativos para los proyectos empresariales de la empresa».

El alto cargo «ofrecía su ayuda inclusive a través de sus personas de contacto en la Administración» y llegó a avenirse a solicitudes como «unificar las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos» para favorecer los proyectos empresariales.

Múltiples proyectos

La correspondencia abarcaba múltiples negocios: reuniones con el Ministerio de Fomento, inversiones en Perú, proyectos eólicos, instalaciones de fibra óptica, negocios en Marruecos e incentivos empresariales. También coordinaba «distintas visitas que realizan a España responsables de Grupo México», la multinacional mexicana que finalmente se hizo con la concesión minera.

El caso adquiere tintes internacionales cuando el auto revela que Vicente Fernández coincidió con los empresarios en Brasil, donde residía su pareja sentimental. Esta mujer llegó a intermediar entre estos y empresas como Odebrecht, la constructora brasileña protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.

Los documentos judiciales evidencian que esta triangulación no fue casual sino parte de una red de contactos para facilitar negocios privados utilizando cargos públicos.

La Audiencia Provincial, en un tribunal con la juez Alaya como ponente, considera que existe «un cúmulo de incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administración Autonómica, indiciariamente arbitrarios» que configuran «indicios ostensibles» de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El concurso de Aznalcóllar, valorado en cientos de millones de euros, se adjudicó finalmente a una empresa creada apenas 27 días antes de presentar su oferta, con un capital social de solo 3.000 euros y sin experiencia minera previa. La adjudicación la aceptó una tercera sociedad controlada por Grupo México, configurando lo que los magistrados califican como una «grosera y burda ilegalidad».

La reserva minera de Aznalcóllar, situada en las proximidades del Parque Nacional de Doñana, fue escenario en 1998 de uno de los mayores desastres ecológicos de España cuando se rompió la balsa de residuos tóxicos de la mina. Por esta razón, según el auto, «era exigible un plus de transparencia y de rigor en la actuación administrativa».

Vicente Fernández Guerrero, tras abandonar su cargo en la Junta de Andalucía, fichó como presidente de la SEPI en el Ministerio de Hacienda por decisión de la vicepresidenta Montero y tras dimitir estuvo unos meses en la sombra esperando a que se decayera la imputación. Extremo que no acabó sucediendo. A pesar de los intentos de su amiga Leire Díez, periodista y fontanera del PSOE, Fernández Guerrero se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados en Sevilla.

La madeja judicial de Aznalcóllar demuestra cómo un funcionario amigo de Cerdán y Montero puede prostituir el servicio público convirtiéndose en un lobista encubierto, utilizando su posición para tejer una red de favores que beneficia a intereses privados mientras esquilma el erario público. Una lección de manual sobre cómo no ejercer un cargo público en una democracia.