El Gobierno reconoce que mantiene contacto con el presidente de la SEPI en la sombra

El Gobierno ha reconocido formalmente que mantiene contacto con el expresidente de la SEPI dimitido en 2019 por su implicación en el caso Aznalcóllar, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, aunque niega que siga utilizando los medios del holding público. OKDIARIO destapó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le permite dirigir la SEPI en la sombra y por eso no ha nombrado nuevo presidente desde su salida.

En una respuesta escrita a una pregunta del diputado del PP Miguel Ángel Paniagua, el Ejecutivo admite que «siempre dentro de la cordialidad que preside las relaciones entre directivos de la Sociedad, es habitual en SEPI que se mantengan contactos con los altos cargos salientes».

Por contra, el Gobierno niega la utilización de medios de la SEPI (coche, secretaria, teléfono o correo electrónico): «se informa que tras su cese como Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Sr. Fernández Guerrero no ha tenido a su disposición bienes o servicios propiedad de SEPI o a empleados de la misma ni tiene habilitadas líneas telefónicas o cuentas de correo electrónico».

Fernández Guerrero dimitió en octubre de 2019 tras ser imputado por presunta prevaricación administrativa en la concesión de la licencia de explotación de la mina de Aznalcóllar, pero Montero le guardaba el puesto sin nombrar nuevo presidente de la SEPI a la espera de su desimputación. Sin embargo, lejos de hacerlo, en febrero la jueza instructora del cargo abrió procedimiento abreviado, con lo que pasó a estar procesado a la espera de juicio. Algo que incrementó la presión sobre la ministra para nombrar un sustituto, pero de momento sigue sin hacerlo. Ha dicho públicamente que se elegirá «en el momento oportuno» y que todavía no ha encontrado a la persona adecuada pese al tiempo transcurrido.

La SEPI, al servicio de los rescates políticos del Gobierno

Descabezada de esta forma, la SEPI es muy maleable a las presiones del Gobierno para acometer rescates con dinero público tan escandalosos como la aerolínea semivenezolana Plus Ultra y otros que pueden llegar en el futuro como el de Mediapro. Asimismo, como también ha denunciado este medio, el Ejecutivo está presionando a la plantilla del holding público para que apruebe informes positivos sobre ayudas que no cumplen los requisitos establecidos en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Unos requisitos que se resumen básicamente en que las empresas deben ser estratégicas (su salvación debe evitar que se formen oligopolios o garantizar la prestación de un servicio que nadie más presta, etc.) y que sus problemas se deriven exclusivamente del covid. Algo que es muy difícil de sostener en el caso de Duro Felguera -hay dudas de que sea estratégica para el empleo en Asturias y se salvó de la quiebra in extremis en 2018- y que directamente es inadmisible en el de Plus Ultra.

Además, la relación de ambas compañías con Venezuela hace crecer las sospechas de que en vez de rescatarlas a ellas lo que se está haciendo es perdonar deudas al régimen de Nicolás Maduro.