Caos en el holding público

El PP y Vox piden que Montero explique el escándalo del expresidente de la SEPI destapado por OKDIARIO

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María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha implementado la Tasa Tobin
Eduardo Segovia
  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

Los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox han solicitado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explique por qué el expresidente del holding, Vicente Fernández Guerrero, que dimitió en 2019, sigue dirigiéndolo en la sombra como denunció OKDIARIO.

El PP ha planteado varias preguntas a Montero de su diputado Miguel Ángel Paniagua. El texto de la primera dice: «¿Mantiene o ha mantenido Vicente Cecilio Fernández Guerrero, tras su dimisión, algún tipo de relación con la SEPI y sus empleados que le haya permitido conocer de los asuntos que allí se tratan, dar directrices o influir sobre ellos?».

Vox ha ido más lejos y ha pedido la comparecencia tanto de la ministra como del vicepresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Bartolomé Lora. En su petición, Vox «solicita que tanto la ministra de Hacienda como el vicepresidente Lora Toro esclarezcan la veracidad de estas informaciones, así como las funciones que detenta el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández».

El diputado del PP pregunta también a Montero si Fernández Guerrero mantiene correspondencia electrónica con Lora o con cualquier miembro del comité de dirección, si hace uso de bienes propiedad de la SEPI y si tiene chófer, cuenta de correo o teléfono móvil de la SEPI. Asimismo, inquiere por el número de visitas del expresidente registradas en la SEPI, indicando la persona visitada y el motivo, e incluso por las visitas no registradas.

La jueza procesa a Fernández Guerrero

Fernández Guerrero dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, pero ha seguido dirigiendo el organismo en la sombra desde entonces, según confirman varias fuentes cercanas al mismo. De hecho, conserva el coche oficial, la secretaria, la cuenta de correo electrónico, mantiene reuniones con directivos e incluso visita a las compañías participadas por el holding empresarial público. Montero le estaba guardando el puesto sin nombrar un nuevo presidente de la SEPI a la espera de su desimputación en dicha causa.

El escándalo vivió ayer un nuevo giro porque el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla dictó auto de procesamiento (apertura de procedimiento abreviado) contra Fernández Guerrero y otros ocho implicados en un supuesto delito de prevaricación administrativa por la adjudicación por la Junta de Andalucía en la época socialista de los derechos de explotación de una mina en Aznalcóllar.

Búsqueda desesperada de otro presidente

Este procesamiento ha dejado en ridículo a la ministra de Hacienda y la ha obligado a buscar a toda prisa un nuevo presidente de la SEPI, como también adelanta hoy OKDIARIO. Montero pretendía incluso haberlo nombrado en el Consejo de Ministros del martes, pero era demasiado precipitado. Se espera que lo haga en el próximo. Para el cargo está contactando con sus antiguos hombres de confianza en la Junta de Andalucía, como el propio Fernández Guerrero; el mejor colocado es Antonio Miguel Cervera, actual presidente de Sepides (filial de SEPI) y exdirector general de Patrimonio del Gobierno autonómico en la época de Susana Díaz.

Después de este procesamiento, algunas fuentes señalan que las preguntas del PP se han quedado desfasadas porque ahora «el tiro debe ir contra la ministra, por haber provocado esta situación en la SEPI, no contra el expresidente que ya está amortizado». Asimismo, critican que no se le pregunte por su implicación en el caso Isofotón junto al ministro de Agricultura, Luis Planas.

Las citadas preguntas por escrito tardarán en ser respondidas, según fuentes parlamentarias. En cuanto a la petición de comparecencia de Montero y Lora pedida por Vox, ahora será la Mesa del Congreso la que decida si le da luz verde, aunque presumiblemente se opondrán el grupo Socialista, el de Podemos y el resto de socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

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