Montero busca a la desesperada presidente de la SEPI entre sus hombres de confianza en la Junta

El ridículo de María Jesús Montero por el procesamiento judicial del expresidente de la SEPI nombrado por ella, al que estaba guardando el cargo tras su dimisión en 2019, ha obligado a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno a buscar a la desesperada un nuevo presidente para el holding de empresas públicas. Según varias fuentes, el principal candidato es Antonio Miguel Cervera, actual presidente de Sepides (filial de SEPI) y otro de los protegidos de Montero en la Junta de Andalucía, donde era director general de Patrimonio.

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla abrió este martes auto de procesamiento contra el citado expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández Guerrero, por su implicación en el caso Aznalcóllar (la presunta prevaricación en la adjudicación de los derechos de explotación de una mina).

Fernández Guerrero dimitió del cargo en 2019 precisamente por su imputación en esta causa, pero OKDIARIO denunció que sigue dirigiendo el hólding público en la sombra: conserva el coche oficial, la secretaria y la cuenta de correo electrónico, mantiene reuniones con directivos e incluso visita a las compañías participadas por el holding empresarial público. Esta tolerancia se debe a que Montero le estaba guardando el puesto a la espera de su desimputación, por lo que no había nombrado un nuevo presidente y mantenía a la SEPI paralizada desde hace casi dos años, pese a gestionar el fondo de rescate de empresas estratégicas dotado con 10.000 millones.

La decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla de continuar las diligencias del caso Aznalcóllar por el procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, echa por tierra estas esperanzas de desimputación y obliga a Montero a buscar urgentemente un nuevo presidente de la SEPI. Las fuentes consultadas aseguran que su intención era haberlo nombrado en el Consejo de Ministros de ayer martes, pero era demasiado precipitado. Se espera ahora que el nombramiento se produzca en la reunión del gabinete de la próxima semana.

Otro protegido de Montero, principal candidato

El principal candidato para este nombramiento desesperado es el citado Antonio Miguel Cervera, director general de Patrimonio de la Junta de Andalucía cuando Montero era consejera de Economía y Hacienda, es decir, otro de sus protegidos de aquella época como lo es también Vicente Fernández Guerrero (ex interventor general de la Junta). Tras el cambio de color del Gobierno regional, la ministra se trajo a los dos a Madrid: el primero, para presidir la SEPI; y el segundo ocupó la presidencia de Sepides (SEPI Desarrollo Empresarial, una filial de la SEPI dedicada a promover la inversión en empresas y al desarrollo inmobiliario), donde sigue en la actualidad.

«El candidato debe ser varón y andaluz por exigencia de Montero, y, con esta premura, tenía que ser alguien que ella conozca bien», explica una de las fuentes consultadas. Otra añade que «cuadra perfectamente que sea Cervera porque puede nombrarle de hoy para mañana y es una persona totalmente fiel a la ministra con la que podrá seguir controlando la SEPI a su antojo». La SEPI, pese a llevar el apellido Industrial, no depende del Ministerio de Industria, sino del de Hacienda.

El caso Aznalcóllar

El caso Aznalcóllar investiga la presunta prevaricación administrativa en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de otro consorcio, Emérita Resources España. Esta empresa cree que también hubo delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude, ya que incluso hubo una empresa que intermedió para que el consorcio mexicano se llevara la adjudicación (Magtel).

La titular del juzgado, Patricia Fernández Franco, ha archivado dos veces la causa a instancias de la Fiscalía, pero los perjudicados han recurrido a la Audiencia Provincial de Sevilla, donde la famosa jueza Mercedes Alaya (que inició la instrucción de los ERE de la Junta bajo el Gobierno del PSOE, el mayor caso de corrupción conocido en España) les ha dado la razón y ha obligado a reabrir el sumario. Tras el auto del lunes, debe abrirse juicio oral o acordar el sobreseimiento, si bien expertos jurídicos consultados explican que «si tu intención es archivar un caso, no dictas lo que antes se llamaba auto de procesamiento» contra el expresidente de la SEPI y otros ocho imputados.

El empeño de Montero por guardarle el puesto a Fernández Guerrero ha provocado una paralización de la SEPI que se traduce en que el famoso fondo de rescate dotado con 10.000 millones de euros solo ha concedido préstamos a una empresa (Globalia) ocho meses después de su constitución, a pesar de tener más de 15 solicitudes de ayudas públicas.

El ejemplo más flagrante es la empresa industrial asturiana Duro Felguera, que pidió 100 millones al Fondo el pasado mes de julio, petición que posteriormente incrementó en otros 20 millones. Después de seis meses mareando la perdiz, por fin hace dos semanas  la SEPI respondió a la empresa y a los bancos acreedores que estaba dispuesta a rescatarla con los 120 millones solicitados siempre que ambas partes llegaran a un acuerdo para refinanciar su deuda, como también adelantó OKDIARIO. Este martes, el Consejo de Ministros tampoco dio luz verde al rescate.