Vox exigirá a Guardiola enterrar las políticas ‘woke’ que «han tenido consecuencias nefastas» para la mujer

Vox peleará para que «se derogue la Ley LGTBI» que aprobó el Gobierno popular en 2015 en Extremadura. «Con esto no decimos que sea una línea roja, porque no existe un marco negociador, pero es uno de nuestros objetivos de legislatura», aclaran desde la formación a OKDIARIO ante el revuelo suscitado por los supuestos «máximos de Vox» para llegar a un acuerdo con María Guardiola.

Si en las pasadas elecciones Vox presionó al PP para eliminar la Ley de Memoria Democrática en los parlamentos autonómicos donde estaba implementada para conformar Gobierno, en este nuevo ciclo electoral que se abre en toda España, «estará muy presente la ley LGTBI», así como las partidas presupuestarias destinadas a ello, señalan.

Extremadura fue una de las pioneras en aprobar una ley autonómica LGTBI, después de Andalucía. En la negociación de los presupuestos de 2026, los de Abascal incluyeron dicha derogación como uno de los 200 puntos que intentaron negociar con el PP, un documento que se ha convertido en guía para los populares de cara a preparar las conversaciones, pese a que como insisten desde la formación verde «no hay un marco negociador todavía».

La Ley LGTBI en Extremadura

En Extremadura, el gobierno popular de José Antonio Monago –que gobernó con la abstención de IU– aprobó la ley en 2015 y creo las Oficinas de Atención Integral a Víctimas de LGTBIfobia, financiadas por la Junta –siendo gestionadas por Fundación Triángulo y Extremadura Entiende–.

El Gobierno de María Guardiola ha continuado su estela en esta materia, defendiendo que «la conquista de la comunidad LGTBI no tiene ni tendrá vuelta atrás» y que sus derechos «están totalmente blindados con el Gobierno de María Guardiola». Unas palabras que sostuvo el portavoz del Grupo Popular, Manuel Naharro, como contestación a Vox tras su propuesta de derogar dicha ley autonómica el pasado abril.

De hecho su Ejecutivo aumentó el presupuesto de las oficinas de atención LGTBI, pasando de 60.000 euros a 75.000 euros cada una de ellas. Este pasado mayo, desde la secretaría general de Igualdad y Conciliación, los populares anunciaron el compromiso de avanzar en el desarrollo de la Ley LGTBI, a través de la elaboración de un Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI para los centros docentes.

Para Vox las políticas woke «han tenido consecuencias nefastas» en las sociedades donde han tratado de implantarse, sobre todo, para las «mujeres y menores». En las mujeres, por la supuesta «autopercepción del género», que pone en «riesgo los espacios de intimidad de las mujeres y las niñas». En el caso de los menores, porque «estas normas amenazan gravemente su desarrollo armónico, permitiendo que puedan acceder a procesos de hormonación e incluso cirugías irreversibles», con o sin el consentimiento de sus padres y con riesgo de retirada de custodia.

En concreto, la ley extremeña contempla la «autodefinición» según su orientación sexual de la identidad, independientemente del sexo biológico, así como la creación del Observatorio extremeño contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además, la Junta debe conmemorar dos días al año al colectivo LGTBIQ+ –cada 17 de mayo y 28 de junio–.

En cuanto a la adopción, garantiza que puedan adoptar sin ser discriminados. También propone el desarrollo de un Plan Integral sobre educación y diversidad LGTBI para ser implementado especialmente en los colegios por medio de actividades y programas educativos –incluido el Instituto de la Juventud–.

Además de permitir a las personas transexuales que participen en los deportes sin ser discriminados y «atendiendo a su identidad sexual a todos los efectos». Una medida que recurrió Vox en Asturias y que –incluso gobernando con mayoría absoluta el PSOE en coalición con IU– lo derogaron. Algo que sigue vigente en Extremadura.

Las leyes LGTBI autonómicas

Hace dos años, Génova dio permiso a sus barones para derogar las leyes LGTBIQ+ en las autonomías. Desde entonces, ninguna de ellos lo ha hecho, mientras Vox presiona al PP para que su derogación, sobre todo desde este último año, cuando la formación liderada por Santiago Abascal lo propuso de golpe en seis plenos regionales sin que prosperase.

En Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Andalucía, Extremadura y Cantabria presentaron proposiciones que no cuajaron –en todas ellas gobernaba el PP, salvo en los parlamentos castellanomanchego y cántabro, dominado por el PSOE con mayoría–.

No son las únicas. En España hay un total de 19 leyes autonómicas de este tipo –entre las cuales 7 son específicamente para los trans–. Además de la ley trans a nivel nacional –Ley 4/2023 de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de las personas LGTBI– que aprobó el gobierno socialcomunista en 2023, y que el PP rechazó por «borrar a la mujer» y «dejar desprotegida a la infancia». Incluso Feijóo ha prometido derogarla si llega a presidente de España.

Ahora bien, la postura de los populares respecto del resto de las leyes autonómicas es distinta. Un hecho que le recriminan desde Vox tildando a su formación de «estafa».

Como ya advierten desde Bambú, sus exigencias de cara a un pacto con el PP serán proporcionales a sus resultados. En el caso de Extremadura, serán duras teniendo en cuenta que han mejorado con creces el resultado obtenido en 2023, al obtener más del doble de escaños –de 5 a 11 diputados– y ser el partido que más crece en votos, consolidándose como tercera fuerza en la Asamblea y en algunos municipios –como Badajoz– siendo la segunda.