El Gobierno da 20 contratos para reformar cuarteles a una empresa señalada por la UCO en el ‘caso Leire’

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de adjudicar a una empresa señalada por la UCO en el caso Leire las obras de 20 lotes de un megacontrato dirigido a la reforma de cuarteles militares. Se trata de la vasca Afesa Medioambiente, la misma que la Guardia Civil ha puesto bajo sospecha en la UTE (unión temporal de empresas) que conformó con la firma navarra Construcciones y Excavaciones Erriberri por recibir un contrato amañado de 2,8 millones de euros.

Para los investigadores del Instituto Armado, los miembros de Hirurok, a través del presidente de la mesa de contratación, habrían tenido la capacidad de beneficiar a esta UTE en el proceso de adjudicación y, como contraprestación, la empresa Erriberri habría canalizado fondos al grupo por un total de 400.000 euros. Esta adjudicación fue realizada por la entidad Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), que forma parte del Grupo Sepides, controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adscrita al Ministerio de Hacienda.

Hirurok, que traducido al euskera significa nosotros tres, es el grupo de WhatsApp que tenían Leire Díez, colaboradora de Santos Cerdán para el trabajo sucio de Ferraz; Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE, y Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI nombrado en su día por la actual ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

En este contexto, el Ejecutivo ha incluido a la empresa Afesa Medioambiente en el listado de sociedades adjudicatarias de hasta 20 lotes del macrocontrato que tiene el siguiente objeto: «Acuerdo marco para la selección de empresas que ejecuten obras de primer establecimiento, de reforma, de restauración, de rehabilitación o gran reparación, de reparación simple, de conservación, de demolición y mantenimiento en las infraestructuras de las bases, acuartelamientos y establecimientos del Ejército de Tierra en territorio nacional».

En su caso, Afesa Medioambiente ha resultado beneficiario de lotes con obras de 5.000 a 79.999 euros y también inferiores a 500.000 en las zonas de Madrid y Castilla-La Mancha, Baleares, Galicia-Asturias, Castilla y León, Andalucía Occidental-Extremadura, Andalucía Oriental-Murcia, País Vasco-Cantabria, Aragón-Navarra-La Rioja y Melilla. También figura entre las adjudicatarias de obras iguales o superiores a 80.000 euros e inferiores a 500.000 euros de valor estimado (sin impuestos) en la zona de Cataluña-Valencia.

Sobre la necesidad de este megacontrato, con un importe de licitación de 94,4 millones de euros (IVA incluido), el Gobierno sostiene que «los edificios e instalaciones de los que es propietario o posee por cualquier otro título el Ministerio de Defensa, requieren frecuentemente que se intervenga en los mismos para realizar obras de mantenimiento y reparación, y de ampliación y mejora, con el objeto de mantenerlos en buen estado y de atender a las necesidades cambiantes de los distintos servicios y unidades que en ellos se ubican».

Las obras a realizar, indican los pliegos de contratación consultados por OKDIARIO, suelen consistir en «reformas de interiores, adecuaciones y acondicionamiento de espacios, rehabilitación e impermeabilización de exteriores, reparación de techos, reparación de instalaciones, instalación o reforma de sistemas de climatización»

En general, se incluyen aquí todas aquellas obras de mantenimiento, reparación, ampliación o mejoras necesarias para garantizar el correcto funcionamiento ordinario de los edificios e instalaciones de las bases, acuartelamientos y establecimientos militares pertenecientes al Ejército de Tierra.

La demolición de Avilés

En el expediente que cita la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la UTE conformada por Afesa Medioambiente-Construcciones y Excavaciones Erriberri se encargó de la demolición de las baterías de coque de Avilés (Asturias).

El letrado andaluz Fernando Albert Aragón, de la misma comunidad que el propio Vicente Fernández y la ministra María Jesús Montero, presidió las mesas de contratación de Sepides. De ahí que la investigación de la Guardia Civil le sitúe como responsable de haber favorecido a dicha UTE y, por tanto, a la trama corrupta de Leire Díez.

Cabe reseñar también que Montero -que colocó a Leire Díez en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes en la pandemia- llegó a visitar Avilés para participar en un acto en recuerdo de la antigua fábrica de baterías. Allí ensalzó el proyecto de demolición adjudicado de forma irregular (la adjudicataria no fue la más valorada en el apartado técnico), según la Guardia Civil. La número dos del Gobierno de Sánchez aplaudió el derribo gestionado por Sepides con la citada UTE de la mordida de 400.000 euros.