El PP fulmina al presidente de la diputación de Almería tras su imputación en la trama de las mascarillas

Javier Aureliano García ha dimitido este viernes como presidente de la Diputación de Almería, apenas 48 horas después de ser detenido por agentes de la UCO en el marco de una operación que investiga una presunta trama de mordidas, contratos irregulares y desvío de fondos públicos durante la pandemia del COVID-19.

La renuncia, presentada como «voluntaria», se produjo tras un tenso gabinete de crisis celebrado en la propia Diputación durante la tarde de este jueves. En la reunión participación el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha asumido las riendas del partido en la provincia tras la caída en desgracia de García.

La decisión no se limita a la Diputación. García también ha entregado su acta de concejal en el Ayuntamiento de Almería, poniendo fin a más de seis años al frente de las instituciones almerienses. Fernando Giménez, vicepresidente de la Diputación y también imputado en la causa, ha corrido la misma suerte: fuera de la institución supramunicipal y del Ayuntamiento de Senés, donde ejercía como concejal.

Según el comunicado oficial remitido por la Diputación, García dimite «desde el convencimiento de su inocencia» y con la intención de que «este paso al frente facilite la vuelta a la normalidad de la actividad institucional».

El epicentro de la investigación es un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de mascarillas y material sanitario durante la fase más crítica de la pandemia. Según los investigadores, ese contrato habría servido como vía para el presunto cobro de *comisiones ilegales* a través de empresas intermediarias seleccionadas a dedo desde la propia Diputación.

Los cinco detenidos, entre ellos García, Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, quedaron en libertad con medidas cautelares tras declarar durante más de dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, el magistrado Eduardo Martínez. Todos ellos están siendo investigados por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.