El juez deja en libertad al presidente de la Diputación de Almería acusado de malversación y blanqueo

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y los otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, han quedado este jueves en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el juez por su presunta implicación en una trama de mordidas, contratos irregulares y desvío de fondos públicos en plena pandemia.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, cuyo titular es el magistrado Eduardo Martínez, ha tomado la decisión después de más de dos horas de interrogatorio en la segunda fase de una investigación que amenaza con destapar uno de los mayores escándalos institucionales de la provincia.

García no estaba solo. Junto a él también han quedado en libertad el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, además de otros dos detenidos. Todos ellos están siendo investigados por cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Delitos especialmente graves teniendo en cuenta que el origen de la trama se remonta a junio de 2021, cuando la provincia gestionaba a contrarreloj la compra de material sanitario para combatir el COVID-19.

El epicentro del caso es un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de mascarillas y otros productos sanitarios durante la fase más crítica de la pandemia. Según los investigadores, ese contrato habría servido como vía para el presunto cobro de comisiones ilegales a través de empresas intermediarias seleccionadas a dedo desde la propia Diputación.

La operación, que en teoría debía reforzar la protección de miles de almerienses, podría haberse convertido, si se confirman las sospechas, en un negocio paralelo para cargos públicos que aprovecharon la urgencia sanitaria para lucrarse con dinero destinado a salvar vidas.

Aunque los cinco investigados han eludido por el momento la prisión provisional, las medidas cautelares impuestas indican que la causa sigue avanzando y que el juez considera suficientemente sólidas las líneas de investigación. Esta nueva pieza del caso ‘Mascarillas’ podría derivar en imputaciones más amplias y alcanzar a otros responsables políticos o empresariales.