El PP pide a Rajoy que "active" ya el 155 y varios ministros le animan a negociar con Puigdemont

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Comité de Dirección del PP. (Foto: EFE)

La presión del partido crece para aplicar el artículo 155 de la Constitución. La declaración de independencia anunciada y acto seguido suspendida por Carles Puigdemont ha recibido el calificativo unánime de los hombres fuertes del partido de "trampa". Una trampa que pretende dejar bajo chantaje al Gobierno. Y es que la supuesta invitación al diálogo intercalada en la declaración de ruptura por parte del presidente de la Generalitat se convierte, así, en la coartada que tendría Puigdemont para intentar eludir la aplicación de los tipos penales más duros -rebeldía, especialmente-.

El PP teme que la demora en ese tiempo abierto para una supuesta negociación se combine con la acción de la CUP en la calle -perfectamente estudiada y pactada dentro del bloque separatista- dentro, todo ello, de una estrategia que provoque el desgaste del PP entre sus votantes. La cercanía del 12-O, señalan, y la reacción de la población que espera una respuesta al golpe catalán se puede convertir, de este modo, en un test para comprobar el grado que puede alcanzar ese desgaste.

Por todo ello, el partido ha solicitado que se active ya el artículo 155 de la Constitución. Y lo ha hecho pese a la existencia de argumentos a favor de negociar con Puigdemont dentro del propio Gobierno: especialmente, procedentes de algunos de los ministros más favorables a las tesis de la ‘Operación Diálogo’ encabezada en su momento por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El desarrollo del 155 ha sido estudiado ya en La Moncloa porque, según reconocen fuentes del propio Gobierno, "si hace falta se activará".

El procedimiento no es complicado y comienza en el Consejo de Ministros, donde se debe aprobar el envío de un requerimiento a Carles Puigdemont para que rectifique en su comportamiento contrario a la ley y lesivo para el interés general de España. Ese requerimiento tiene que ir acompañado de un plazo, pero es cierto que ese periodo no está tasado en la ley, lo que permitiría a Moncloa dilatar los plazos dentro de unos márgenes razonables. El Gobierno ve lógico un máximo de 48 horas para este primer paso.

A partir de ahí, si la contestación insiste en la ilegalidad o se cumple el plazo establecido sin contestación, el presidente Rajoy podría convocar un segundo Consejo de Ministros para remitir definitivamente al Senado la solicitud de aplicación del artículo 155. En esa remisión, el Gobierno debería incorporar las medidas concretas de intervención, lo que, de nuevo, le permitiría graduar los efectos y tiempos.

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