El Gobierno niega a toreros, banderilleros y picadores las ayudas por el Covid-19 a los “artistas”

El Gobierno niega a los profesionales taurinos, recogidos como artistas en espectáculos públicos desde 1985, el cobro de las prestaciones extraordinarias aprobadas en el Real Decreto Ley 17/2020. La Fundación Toro de Lidia ha confirmado el bloqueo al cobro de esas ayudas para toreros, banderilleros y picadores por coronavirus «en Sevilla, por la sistemática discriminación de la delegación» y prepara ya una querella contra el Servicio de Empleo por su negativa.

La querella se dirigirá, junto con la UNPBE y el apoyo de la Unión de Toreros, contra el director del Servicio Público de Empleo (SEPE) de Sevilla por discriminar a los profesionales taurinos.

Artistas desde 1985

Los profesionales taurinos, efectivamente, están recogidos como artistas en espectáculos públicos desde 1985. Y ese es el requisito que se marca, supuestamente, para que toreros banderilleros y picadores puedan acceder a las ayudas a este sector en la normativa contra el coronavirus del Gobierno. Pero, pese a ello, no están pudiendo acceder a las prestaciones extraordinarias aprobadas en el Real Decreto Ley 17/2020.

La Fundación Toro de Lidia, junto con la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE), interpondrán «una querella criminal contra Enrique González, director del Servicio de Empleo Público Estatal de Sevilla, tras denegar de manera reiterada las solicitudes de prestación extraordinaria aprobadas para artistas en espectáculos públicos».

El Real Decreto Ley 17/2020 de apoyo al sector cultural aprobado el pasado 5 de mayo recogía unas prestaciones extraordinarias al desempleo dirigidas al colectivo de artistas en espectáculos públicos, entre los que se encuentran los profesionales taurinos, incluidos en la categoría de artista en espectáculo público desde el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto.

«Sin embargo, esta prestación está siendo denegada de manera reiterada por la oficina del SEPE de Sevilla» porque, tal y como ha recopilado la Fundación Toro de Lidia entre los testimonios de los afectados, «desde la Dirección Provincial se les ha ordenado dejar fuera a los toreros porque no somos artistas, nos dicen que no estamos dentro del sector cultural o simplemente porque estas prestaciones no son para toreros».

La Fundación señala que «debido a esta discriminación arbitraria contra los artistas taurinos, la FTL junto con la UNPBE van a interponer una querella criminal contra el director del SEPE de Sevilla, Enrique González, solicitando las máximas penas previstas en la ley, como es la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 9 a 15 años. De la misma manera, en las próximas fechas se interpondrán idénticas acciones contra los responsables de otras direcciones provinciales e instancias superiores que puedan ser igualmente responsables».

Se trata de un golpe más al mundo del toro recibido en plena pandemia. Un golpe que, desde las asociaciones taurinas no ocultan que tiene mucho que ver con la ideología del Gobierno y el rechazo de buena parte de sus integrantes de la fiesta nacional.

Taquilla casi perdida

Hay que tener en cuenta que el grueso de los ingresos del sector taurino proceden de la taquilla. Y esa vía de ingresos ha recibido un golpe brutal cuya recuperación está aún por ver. El Gobierno, lejos de apoyar al mundo del toro, está aprovechando para intentar lastrar su restauración.

Si se analiza la distribución temporal de los festejos taurinos en España, el impacto del virus es obvio: el grueso de la actividad sectorial (56%) tiene lugar entre agosto y septiembre. Y no se podrán celebrar con normalidad. Los espectáculos previstos para la segunda mitad de marzo, abril, mayo y la primera mitad de junio, directamente han desaparecido de la cuenta de resultados.

La patronal sectorial, ANOET, estimó desde el principio unas pérdidas derivadas del parón de al menos 200 millones de euros. Y, todo ello, sin contar con el impacto de la falta de liquidez en las ganaderías de lidia: el coste diario de mantener reses bravas se estima en 1,5 euros y se trata de una ganadería total que suma unas 200.000 cabezas.

Por todo ello, el sector reclamó al Ministerio de Cultura un plan de choque basado en la reducción del IVA cultural del 10% al 4%, en el reequilibrio de los pliegos de gestión en todos sus aspectos relevantes, la revisión de los criterios de cotización, el acceso a las líneas de financiación ICO y la reducción de otras cargas fiscales como el IBI, IAE, o Impuesto de Sociedades.

Pero, lejos de ello, la respuesta del Gobierno es, ni tan siquiera, pagar las ayudas prometidas y reguladas por Real Decreto. Y esa decisión puede suponer un golpe letal para un sector que suma, no sólo a la economía, sino también a la marca España.