Simón y la nº 3 de Illa fabricaron ‘ad hoc’ y sin datos el escrito clave que reclama la juez del 8-M

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, fabricaron ‘ad hoc’ y sin incluir datos científicos el documento clave con que Sanidad suspendió dos días antes de la manifestación feminista del 8-M y por riesgo de contagio masivo un congreso mundial evangélico previsto en la capital del 19-21 de marzo.

La juez Carmen Rodríguez-Medel que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, en la investigación de estos hechos, ha reclamado al Ministerio de Salvador Illa que explique el «cauce» que tuvo dicho escrito (titulado ‘Comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el período de epidemia de Covid-19’) y si fue difundido ante la cercanía del 8-M.

El documento, publicado en exclusiva por OKDIARIO el pasado 30 de marzo, llevó la firma de Pilar Aparicio como número tres del ministro Illa, pero el doctor Fernando Simón jugó un papel fundamental en este episodio. Tanto es así que fue él quien remitió el escrito al máximo responsable de la organización del IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios ‘Unlimited 2020’, Juan Carlos Escobar, pastor y presidente de la Federación de Asambleas de Dios de España (Fade).

Según ha relatado el propio Escobar a Protestante Digital, él asistió el 6 de marzo a una reunión con responsables del Ministerio de Sanidad y de la consejería madrileña del ramo, donde se le dijo que el Congreso no se podía celebrar por el avance de la epidemia. Así lo mantuvo el propio Simón, manejando cifras de la transmisión del coronavirus en España, Europa y el resto del mundo. El director del CCAES todavía no ha sido imputado por la juez.

Además, los altos cargos del Ejecutivo esgrimieron para sostener su decisión un oficio del 3 de marzo de 2020 remitido a los consejeros de las comunidades autónomas y firmado por el propio Illa para que no celebraran competiciones deportivas ni congresos sanitarios. Llevó por título ‘Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19’. Es un segundo documento del cual la juez que investiga el 8-M ha solicitado más detalles a Sanidad.

Sin embargo, en un momento de aquella reunión del 6 de marzo, Escobar reclamó a estos responsables del Gobierno de Pedro Sánchez «un escrito oficial» para poder explicar la cancelación de este evento mundial a participantes y patrocinadores. «Este escrito me llega al día siguiente de parte de Fernando Simón, e inmediatamente lanzamos el comunicado» de la organización, ha indicado Escobar a Protestante Digital.

Este escrito con fecha del mismo 6 de marzo (recibido por Escobar el día 7) fue la carta firmada por Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública. La misma alto cargo de Sanidad que estampó su rúbrica en el polémico documento, también elaborado ‘ad hoc’, con que el Gobierno certificó a la Comunidad de Madrid —horas después del anuncio y tras reclamarlo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso— que no pasaba a la fase 1 de la desescalada. Pilar Aparicio fue nombrada por la exministra socialista Carmen Montón.

«Eventos multitudinarios»

En dicho escrito firmado por Aparicio, mandado por Simón y recibido por Escobar, Sanidad no recoge parámetros científicos (no aparece ningún número o porcentaje) y se limita a hacer referencia al oficio del 3 de marzo. No obstante, ya alertaba de que «los eventos multitudinarios de cualquier tipo, con amplia presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2, se consideran evento de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población».

En base a ello, el Gobierno instó a Escobar a suspender el Congreso (se esperaban 4.000 asistentes), a lo que el pastor evangélico accedió al entender que el oficio del 3 de marzo «tenía rango de prohibición, en realidad». En cambio, la manifestación del 8-M en Madrid, una cita jaleada por PSOE y Podemos que reunió a 120.000 personas en el centro de la capital, no fue considerada por el Ministerio de Sanidad como «evento de riesgo» y fue permitida por la Delegación del Gobierno que dirige José Manuel Franco sin ninguna medida de seguridad sanitaria.

Escobar fue citado a declarar como testigo el pasado 30 de abril en la causa penal que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. En relación a la carta firmada por Pilar Aparicio, la instructora ha reclamado a Sanidad que antes del 1 de junio informe a la Policía Judicial sobre su «distribución o difusión (cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones)»

Sin rastro en la web de Sanidad

Rodríguez-Medel también ordena a Sanidad que indique si este escrito «fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente, fecha de remisión y cauce (con copia del documento que lo acredite). En caso de que no fuera difundido, las razones que existieron para no hacerlo», solicita igualmente la juez. Y lo mismo fija respecto al oficio del Ministro de Sanidad del 3 de marzo 2020. En la web del departamento de Illa no hay rastro alguno de tales documentos.

Precisamente, este lunes trascendió que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por «perdida de confianza» tras la información remitida a la juez por el Instituto Armado a partir de las pesquisas efectuadas en esta pieza del 8-M.