Crisis del coronavirus

La juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M

Franco deberá prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, el próximo día 5 de junio a las 09.00 horas.

Marlaska destituye al jefe de la Guardia Civil que ayudó a la juez a investigar al Gobierno por el 8-M

El delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, ha sido imputado por permitir la manifestación feminista del 8-M en Madrid en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, del que es titular la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. Deberá prestar declaración el próximo 5 de junio, a las 9.00 horas.

El mismo día deberán testificar ante la magistrada el secretario General de la Delegación del Gobierno en la capital, Fernando Talavera Esteso, el jefe de la misma, Luis María Sánz Moríñigo y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

Además, la titular del juzgado ha pedido al médico forense responsable del caso que, a la vista del reciente informe presentado por los investigadores de la Guardia Civil- donde se acreditó como «cierto y seguro» que las marchas del 8-M influyeron en la difusión del coronavirus- revise su dictamen del pasado 19 de abril para ampliar el mismo «si lo considerase preciso».

La imputación se conoce horas después de que el ministro del Interior, Fernando Garde Marlaska haya destituido por «pérdida de confianza» al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil había encontrado indicios de que tanto el Ministerio de Sanidad como el Gobierno conocían la gravedad del virus que ya se expandía sin control por España. Aún así, se permitió realizar 480 marchas feministas en todo el país, en las que según datos oficiales de las Delegaciones del Gobierno participaron más de 600.000 personas, de las cuales 120.000 de ellas sólo en Madrid.

El delegado del Gobierno en Madrid dio luz verde a esta última en la que participaron varias ministras que posteriormente dieron positivo por coronavirus, como la vicepresidente Carmen Calvo, la de Igualdad, Irene Montero, y la de Política Territorial, Carolina Darias.E

El delegado del Gobierno de España en Madrid, el socialista José Manuel Franco, estaba siendo investigado desde hace varias semanas por la juez Carmen Rodríguez-Medel por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional, tras permitir la manifestación del 8M en la capital. Si bien la magistrada descartó finalmente las lesiones imprudentes, continuará la causa abierta este lunes contra Franco, por prevaricación.

Ministerio de Sanidad

La juez ha pedido información sobre la carta del Ministerio de Sanidad, adelantada por OKDIARIO, en la que recomendó a la organización del Congreso Mundial de las Asambleas de Dios 2020 el aplazamiento (o en su caso, la suspensión) de un acontecimiento evangélico en la Caja Mágica en el que iban a reunirse más de 4.000 personas del 19 al 21 de marzo «hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de la enfermedad y del riesgo asociado». Además de si consta registro de que se hubiese celebrado «con anterioridad al 14 de marzo de 2020 una Comisión Interministerial de coordinación» en la que se tratase la crisis sanitaria del coronavirus.

La magistrada quiere conocer si las recomendaciones de «medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19″ fueron distribuidas, y en qué modo», desde el Departamento que dirige Salvador Illa. La titular del juzgado de Instrucción número 51 ha preguntado a Sanidad si fueron «colgadas en la página web oficial del Ministerio, qué día y hasta qué fecha «estuvieron disponibles on-line; y, si fueron remitidas a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependía funcionalmente.

En relación con el comunicado de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19, si se dio traslado a las instituciones que debieron tenerlo en cuenta para autorizar las marchas feministas del 8-M y «en caso de que no fuera difundido, las razones que existieron para no hacerlo».

La misma petición, la juez la hace extensiva a «cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria», hubiese sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio o en cualquier otra página habilitada específicamente por el Ministerio de Sanidad.

La magistrada ha utilizado la providencia para recordar a las partes personadas en la investigación sobre la responsabilidad «incluso penal» de la difusión de la documentación aportada en la sede del tribunal o la filtración del resultado de las «diligencias de investigación». «Reitérese también a la Policía Judicial» que deberá guardar «rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones» que les hayan sido encomendadas, así como de «todas las informaciones que se obtengan», de modo que «sólo» se la informará a ella.

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