Marlaska destituye al jefe de la Guardia Civil que ayudó a la juez a investigar al Gobierno por el 8-M

El Ministerio del Interior ha destituido por «pérdida de confianza» al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Ha sido apartado del cargo días después de que la Guardia Civil colaborara con sus pesquisas en la causa que una juez de Madrid instruye contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y el asesor técnico del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por permitir el 8-M.

La destitución de Pérez de los Cobos, adelantada por El Mundo, ha caído como una bomba en el Benemérita ya que se trata de una figura significativa: fue él quien coordinó todo el operativo de seguridad desplegado en Cataluña durante las semanas previas y posteriores al referéndum separatista del 1 de octubre de 2017. Aquello le colocó en la diana política de ERC y JxCAT.

Tras aquella misión, por la que el coronel tuvo que comparecer como testigo en la causa del 1-O en el Tribunal Supremo siendo clave su testimonio en la sentencia, a Pérez de los Cobos se le encomendó la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.

La destitución del coronel se produce en plena instrucción de un procedimiento judicial contra Fernando Simón y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido el 8-M habiendo prohibido días antes un congreso religioso, como adelantó OKDIARO. La investigación que dirige la Comandancia de Madrid presentó un informe por el que el Juzgado de Instrucción nº51 de Madrid ve un posible delito de prevaricación.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil ha encontrado posibles indicios de que Sanidad y el Gobierno conocían la gravedad del virus que ya se expandía sin control por España. Aún así, se permitió realizar 480 marchas feministas en todo el país, en las que según datos de las Delegaciones del Gobierno participaron más de 600.000 personas. 120.000 sólo en Madrid. El informe de la Guardia Civil advertía que es «cierto y seguro» que las marchas influyeron en la difusión del virus.

Al día siguiente de aquellas manifestaciones, el lunes 9 de marzo, Sanidad informó de un «cambio de escenario», se inició el cierre de escuelas y negocios y culminó, sólo 5 días después, con la declaración del estado de alarma. Las pesquisas de la Guardia Civil muestran que pudo darse algún tipo de negligencia en la acción del Gobierno.

Blindaje en Galapagar

En los últimos meses, algunas de las comunicaciones de órdenes internas emitidas por la jefatura de Pérez de los Cobos han levantado suspicacias entre la plantilla de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, especialmente las que tenían que ver con la protección del chalet de Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad Irene Montero.

El reciente ‘blindaje’ del chalet de Galapagar frente a las caceroladas de protesta, cada vez más multitudinarias, llevó a la Guardia Civil a cerrar a cal y canto la calle donde reside el vicepresidente y la ministra. Una vía pública por la que se prohibió circular a los vecinos del municipio madrileño.

Sin embargo, tal y como ha desvelado OKDIARIO, la instrucción partió del gabinete del ministro Marlaska. Y lo hizo sin que la Comandancia de Madrid, dirigida por Pérez de los Cobos, diese dato objetivo alguno de la necesidad del refuerzo de la seguridad en Galapagar.

Esa decisión supuso movilizar a la Compañía de San Lorenzo del Escorial y el despliegue de un refuerzo de agentes procedente de otros puestos de la zona, ya que los efectivos disponibles en el puesto de Galapagar no eran suficientes para cubrir el operativo.