Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, votó en el Congreso a favor de un referéndum separatista

La nueva delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera apoyó en 2013, como diputada en el Congreso, la celebración de un referéndum independentista, desmarcándose —con otros 13 parlamentarios del PSC, entre ellos, la actual ministra de Política Territorial, Meritxell Batet—  de la postura oficial del PSOE.

De hecho, Cunillera se mostró a a favor del ‘derecho a decidir’ de Cataluña y aseguró el compromiso de su partido, el PSC, para defenderlo. En declaraciones a Europa Press en 2012, Cunillera aseguró que «nosotros estamos por el derecho a decidir y cuando se debata entre independencia sí o no, el PSC dirá no».

Un año después tuvo la oportunidad, en el Parlamento, de demostrar ese compromiso. Los diputados socialistas catalanes votaron a favor de dos propuestas de resolución —una de CiU y otra de Izquierda Plural—en las que se defendía el «derecho a decidir» de los ciudadanos de Cataluña.

En concreto, la propuesta de los nacionalistas —’A favor de acordar la celebración de una consulta en Cataluña’—instaba en concreto al Gobierno a «iniciar un diálogo con el Govern de la Generalitat, en aras de posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña para decidir su futuro». Mientras, desde Izquierda Plural se planteaba un referéndum al estilo de los celebrados en Quebec y Escocia «para conocer la voluntad de la ciudadanía de Cataluña sobre su futuro político» y «utilizando los mecanismos legales previstos».

La dirección del PSOE, entonces con Alfredo Pérez Rubalcaba al mando, dio orden de votar en contra de ambas propuestas. Sin embargo, los socialistas catalanes rechazaron la postura oficial y votaron a favor (salvo Carme Chacón que, finalmente, no participó en la votación).

Multa de 600 euros

La circunstancia provocó una crisis entre Ferraz y la federación de Cataluña, cuyo primer secretario era Pere Navarro, al tratarse de la primera ocasión que los diputados del PSC y los del PSOE votaban en distinto sentido, especialmente, en un asunto de enorme trascendencia política.

El PSC argumentó que lo propuesto en las resoluciones estaba en coherencia con su propio programa electoral para las autonómicas, donde explícitamente se incluía el reconocimiento del ‘derecho a decidir’. Un argumento rechazado desde la dirección de Rubalcaba, que hasta el último momento trató de atraerse a Navarro a la postura nacional.

Consumado el fracaso, el secretario general se mostró dispuesto a «revisar» los acuerdos que unían a ambas formaciones, y Ferraz acabó sancionando a los ‘díscolos’ con la máxima sanción económica que se contempla para estos casos, una multa de 600 euros. 

Otra moción de UPyD

Pese a ello, apenas seis meses después, el PSC decidió abstenerse en una moción de UPyD que proclamaba que el «derecho a decidir» es de todo el pueblo español y que «bajo ningún concepto» una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado.

La iniciativa provocó, de nuevo, la división en el grupo socialista, ya que el PSOE sí la apoyó.

El entonces líder del PSC, Pere Navarro, explicó que su formación «sigue comprometida» con el proyecto del PSOE para reformar la Constitución en clave federal, pero destacó que no se puede caer en la «trampa» de partidos que buscan «rédito político en la confrontación y no en el diálogo».

Desde el PSOE, se reiteró que el partido defiende «siempre» tanto «la letra» como «el espíritu» de la Constitución, y estaba en contra del supuesto derecho a decidir y de autodeterminación catalanes.

No obstante, en esa ocasión, y en aras a normalizar la relación con el PSC, la dirección rechazó imponer sanciones a los diputados catalanes, que únicamente fueron amonestados verbalmente, la sanción mínima que prevé el reglamento interno socialista por romper la disciplina.