Ayuso acusa a Sánchez de ser el «culpable del secuestro ilegal de Sol y de los actos violentos» durante 38 días

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes a Pedro Sánchez y al exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de ser «culpables, responsables del secuestro de este lugar público» y de «los actos violentos» registrados durante los 38 días de acampada en la Puerta del Sol. «Es el legado que deja el sanchismo: ilegalidad, caos, abandono, suciedad, violencia y miseria», ha afirmado tras el desalojo.

Ayuso sostiene que Sánchez «consintió, por interés político, que se ocupara ilegalmente» la plaza. También le responsabiliza de la «banalización del patrimonio» y de poner en peligro la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, e impedir su normal funcionamiento. Además, denuncia «la ruina» del comercio de la zona, con despidos y unas pérdidas que, según ha asegurado, «superan los 30 millones de euros».

La presidenta ha anunciado que el Gobierno regional continuará su ofensiva en los tribunales. «Vamos a seguir reclamando por la vía judicial que los responsables de estos actos, de esta ausencia de cumplimiento de la ley, paguen por todo el daño que han causado», ha advertido. Ayuso ya había denunciado por la vía penal a Martín por negarse a disolver la acampada, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el 7 de octubre la medida cautelar que pidió la Comunidad para disolverla.

Ayuso ha agradecido su trabajo a la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, en el cargo desde hace una semana, y a las fuerzas de seguridad y los servicios municipales que han participado en el operativo. También ha dado las gracias a los equipos de limpieza por retirar «toneladas de basura y suciedad».

Desalojo en una hora

El desalojo comenzó a las tres de la madrugada con 220 agentes de la Policía Nacional y 189 de la Policía Municipal, que desalojaron a las 334 personas que seguían en la plaza. En poco más de una hora, las tiendas quedaron vacías. Dos personas fueron detenidas por desobediencia y resistencia. Ambas pasarán a disposición judicial, y las tiendas se trasladarán a depósitos municipales para devolverlas a quien las reclame.

La versión sobre lo ocurrido difiere. La cuenta oficial de la acampada ha denunciado una «intervención policial violenta», con heridos por golpes y gas pimienta. La Delegación del Gobierno, por su parte, asegura que la operación transcurrió sin disturbios ni violencia.

La Delegación ha defendido el desalojo como un «último recurso» tras una actuación gradual. El 26 de octubre, con Martín aún en el cargo, comunicó a los acampados que ya habían dispuesto de un tiempo razonable para difundir sus reivindicaciones. El 29, ya con Trinidad, exigió desmantelar el campamento cuanto antes. Al día siguiente, los interlocutores de la protesta comunicaron la disolución de todas las comisiones y dieron por terminada la reivindicación inicial. Los acampados empezaron a retirar sus tiendas el 1 de noviembre. Según la Delegación, solo quedaba un grupo residual de personas, y la delegada ordenó restablecer la normalidad a la vista de los informes policiales sobre incidentes en el entorno.

38 días de pulso institucional

La protesta se instaló en Sol el 26 de septiembre, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que murió días después. Desde entonces, el conflicto por la acampada ha enfrentado al Gobierno central con la Comunidad y el Ayuntamiento, ambos del PP, que han reclamado su desalojo de forma reiterada. La tensión llegó a la propia delegación: el relevo se produjo después de que Martín dimitiera.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha hablado de más de 30 millones de euros en pérdidas para el comercio, una cifra que ha definido como «nueva factura del sanchismo». El sector calculaba hace unos días entre 25 y 30 millones, con caídas de facturación de hasta el 70 % en algunos establecimientos. Se trata de una estimación de las patronales, sin verificación independiente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el desalojo como una buena noticia para Madrid y para el Estado de derecho. El PP de Madrid, por su parte, atribuye la decisión de actuar ahora a que la acampada «ya no es útil para la campaña del PSOE».