Bildu propone crear una Gestapo con capacidad de castigo para vigilar la «actividad» de la Policía

EH Bildu propone crear un organismo autónomo e independiente capaz de vigilar y sancionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por sus actuaciones. Así lo plantea en su programa electoral para el 23J, advirtiendo que la medida busca el «cumplimiento» de los «derechos humanos y civiles». Y tendrá capacidad de castigo.

«Crear un mecanismo externo e independiente de supervisión e investigación de las actuaciones policiales como garantía de control sobre las actividades de los diferentes Cuerpos y del cumplimiento de todos los derechos humanos, civiles y políticos y libertades individuales y colectivas», promete EH Bildu en su programa, en el que no se ofrecen más datos sobre la iniciativa.

Se trata de uno de los puntos que figuran en el programa de 16 folios de los abertzales, el más corto de las formaciones con grupo propio en el Congreso que concurren al 23J. Es, en la práctica, un decálogo de exigencias para un hipotético futuro Gobierno junto al PSOE de Pedro Sánchez.

Ya lo intentaron

La Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno negoció con sus socios de ERC y Bildu llegó a estar muy avanzada en el Congreso de los Diputados al inicio de este 2023. Incluso con varios acuerdos ya cerrados. Entre ellos, la reforma de distintos artículos que ponen en cuestión el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De haber entrado en vigor, hubiese obligado a publicar «información detallada» acerca de la actuación de los agentes, desagregada por comunidades autónomas y provincias.

Según constaba en una de las enmiendas acordadas por el Ejecutivo con sus aliados parlamentarios, esta información se incluiría «con carácter anual» en las estadísticas públicas oficiales sobre seguridad.

Esos datos son claves para la ofensiva de independentistas y proetarras contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como ya informó OKDIARIO, Bildu aprovecha el canal que le brinda el Congreso de los Diputados, para reclamar al Gobierno, a través de distintas preguntas por escrito, datos relativos a la dotación de recursos antidisturbios, las detenciones policiales o incluso despliegues operativos. En la mayoría de los casos, el Gobierno no ha puesto reparos a conceder esta información, muchas veces al detalle.

De presos a consulta

Bildu ya ha puesto sus condiciones para apoyar un eventual Gobierno de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23 de julio. Aunque todos los sondeos confirman la victoria del Partido Popular, la formación proetarra centra sus esfuerzos en movilizar al electorado para «consolidar el nuevo ciclo» que se inauguró, opinan, en los comicios autonómicos y locales, en los que Bildu logró un notable poder territorial. Ahora, ante las generales, Arnaldo Otegi avisa a Sánchez que «si hay un Gobierno progresista, se tendrá que hablar de la perspectiva nacional», en alusión al estatus político del País Vasco que, para Bildu, se resume en la necesidad de celebrar un referéndum. «Sin prisas y sin ruido, pero para que haya democratización habrá que abordar el problema de la territorialidad», ha destacado Otegi este martes.

En 2020, Bildu -que permitió con su abstención la investidura del líder socialista- ya puso sobre la mesa sus prioridades: un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA, impulsando el traslado de los terroristas a cárceles del País Vasco y Navarra, y el reconocimiento del autodenominado «derecho a decidir», mediante una consulta pactada con el Estado. Otegi se ha mostrado satisfecho por que el Gobierno de Pedro Sánchez haya resuelto la primera cuestión -Marlaska culminó en marzo el acercamiento de todos los presos etarras-, pero recuerda que sigue pendiente el tema territorial.