El Gobierno regala a Bildu y ERC fiscalizar a la Policía con un registro público de sus actuaciones

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que el Gobierno está negociando con sus socios de ERC y Bildu, avanza en el Congreso de los Diputados con varios acuerdos ya cerrados. Entre ellos, la reforma de distintos artículos que ponen en cuestión el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, por ejemplo, se obligará a publicar «información detallada» acerca de la actuación de los agentes, desagregada por comunidades autónomas y provincias.

Según consta en una de las enmiendas acordadas por el Ejecutivo con sus aliados parlamentarios, esta información se incluirá «con carácter anual» en las estadísticas públicas oficiales sobre seguridad.

Esa información es clave para la ofensiva de independentistas y proetarras contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como ya informó OKDIARIO, Bildu aprovecha el canal que le brinda el Congreso de los Diputados, para reclamar al Gobierno, a través de distintas preguntas por escrito, datos relativos a la dotación de recursos antidisturbios, las detenciones policiales o incluso despliegues operativos. En la mayoría de los casos, el Gobierno no ha puesto reparos a conceder esta información, muchas veces al detalle.

Por ejemplo, el partido de Arnaldo Otegi ha obtenido por esta vía el listado de fallecidos en operaciones policiales «en los últimos 43 años»; los recursos materiales de que disponen los agentes, como bastones extensibles o cámaras de vídeo corporales, o el número de intervenciones realizadas por los GEO en los últimos años. También ha tenido conocimiento de cuántos agentes se han suicidado en los últimos 20 años, cuántos han sido expulsados del Cuerpo policial, cuántos han sido detenidos por delitos vinculados al narcotráfico o cuántas armas reglamentarias han sido sustraídas, así como los expedientes abiertos por negligencias en su custodia. Asimismo, se les ha facilitado el detalle de las ocasiones en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han hecho uso de pelotas de goma, botes de humo o de gas lacrimógeno desde la llegada de Sánchez al poder, las personas heridas por disparos de los agentes o los expedientes por el uso indebido de material antidisturbios. La formación está pendiente ahora de respuesta sobre el uso de las pistolas táser y «las ocasiones en que «han tenido que intervenir servicios sanitarios a las personas a las que se aplicaron las descargas», entre otros.

Ahora, PSOE y Podemos quieren hacer aún más fácil este trabajo, como se recoge en una de las enmiendas acordadas en las negociaciones: «El Gobierno incluirá con carácter anual en las estadísticas públicas oficiales sobre seguridad una información detallada acerca de su actuación desagregada por comunidades autónomas y provincias, en el que se integre información de las materias de esta ley, relativas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

«Resulta vergonzoso que se intente cuestionar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con esta obligación de realizar informes se intenta criminalizar su trabajo. Es dudar de los agentes que trabajan cada día jugándose la vida», lamenta la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez.

Vázquez llama además la atención sobre el hecho de que se permita libremente la grabación de imágenes de los agentes mientras se limita a los policías portar cámaras corporales. «Así sólo se conocerá una parte de la actuación, la que más le convenga al delincuente», concluye.

Polémicas

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana incorpora más artículos referidos a la Policía y la Guardia Civil. Por ejemplo, el que hace referencia al «valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad».

Así, la nueva ley precisa que, en los procedimientos sancionadores en los que los agentes hayan presenciado los hechos, las denuncias, atestados o actas constituirán base suficiente para la resolución que proceda, «siempre que la exposición de los hechos consignados resulten coherentes, lógicos y razonables (sic)».

El artículo se suma a otros que generan indignación entre el Cuerpo policial, como el que deja sin castigo la grabación o difusión de imágenes de los agentes en la calle o durante manifestaciones. Sólo se impondrán sanciones en el caso de que esos datos supongan un «constatable» peligro para su seguridad y la de sus familias o para la operación. Además, se obliga a que ese riesgo o peligro se «refleje motivadamente».

Además, según lo acordado por el Gobierno con sus socios, los policías tendrán que recibir formación sobre «mediación y empleo de métodos adecuados como vía alternativa de solución de conflictos». Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «dispondrán de planes y modelos de mediación policial para su actuación en la resolución de conflictos, debiendo contemplar la mediación como estándar de trabajo ante la ciudadanía».

Otros puntos afectan directamente a su labor, como que no será necesario comunicar manifestaciones en casos de «un hecho imprevisto». «Las autoridades velarán por el respeto al libre ejercicio del derecho de reunión, manifestación y libre expresión de las personas en el espacio público» y «la carencia de trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación», se precisa.

Los nuevos artículos pactados establecen también que «las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humano». Los agentes tendrán que avisar de las medidas de intervención «de manera verbal, claramente audible» y «con indicación expresa del plazo previo, que deberá ser suficiente antes de la adopción efectiva de las mismas».

También se obliga a los agentes a acreditar «sospechas razonables» para poder obligar a una persona a identificarse con el fin de indagar o prevenir delitos. Esa «sospecha razonable» se basará en el «comportamiento individual de la persona o a la información o circunstancias objetivas». Los policías tendrán que «identificarse debidamente ante los ciudadanos» y a «respetar estrictamente los principios de identidad sexual y/o género y lengua», además de los hasta ahora vigentes.»El incumplimiento de estos principios será considerado como infracción disciplinaria».