EEUU investiga a la UE y a varios países por un supuesto comercio vinculado a los trabajos forzados

Estados Unidos (EEUU) ha iniciado una investigación sobre 60 economías, entre las que se encuentran la Unión Europea (UE) y China, para comprobar si han adoptado «medidas suficientes» para luchar contra la importación de bienes producidos con trabajos forzados. Esto sucede justo después de que las autoridades estadounidenses abrieran otra investigación sobre los comercios de múltiples naciones, incluidas las europeas. El objetivo no es otro que buscar una justificación para la imposición de los aranceles que quiere implementar el presidente Donald Trump.

«Pese al consenso internacional contra los trabajos forzados, los gobiernos no han impuesto ni aplicado eficazmente medidas que prohíban la entrada en sus mercados de productos fabricados con trabajo forzoso», ha precisado el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, a través de un comunicado de su oficina, que ha impulsado estas pesquisas en virtud de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974.

El responsable ha asegurado que prevé que todas estas investigaciones que está abriendo EEUU demuestren «cómo el hecho de no erradicar estas prácticas abominables» les afecta como país. Esto serviría legalmente como justificación para imponer aranceles tras el fallo del Tribunal Supremo del país contra estas tarifas.

En ese sentido, Greer está convencido de que «durante demasiado tiempo» trabajadores y empresas estadounidenses se han visto «obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja artificial en los costes» a cuenta de, ha lamentado, el «flagelo del trabajo forzoso».

Lucha contra los trabajos forzados

De ese modo, con las referidas indagaciones se pretende determinar si los «actos, políticas y prácticas» de cada una de las economías supuestamente «relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva» de la prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso son «irrazonables o discriminatorias» y suponen una «carga o restricción» para el comercio estadounidense.

Concretamente, las economías objeto de investigación son Argentina, la Unión Europea, China, Brasil, India, Japón, Israel, Canadá, Australia, Rusia, Corea del Sur, Egipto, Reino Unido, México, Hong Kong, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana y Honduras.

A ellos se suman Argelia, Angola, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Camboya, Chile, Indonesia, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 pone el foco en las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense, pudiendo utilizarse la misma para responder a prácticas «injustificadas, poco razonables o discriminatorias» por parte de administraciones extranjeras, que representen una «carga o restricción» para Estados Unidos.

Tras el inicio de esta investigación, iniciada por el propio Greer, deberán solicitarse consultas con las economías objeto de las referidas indagaciones, algo que la oficina ya ha manifestado haber hecho. De hecho, las audiencias serán celebradas el próximo 28 de abril del año en curso, teniendo que presentar los interesados sus comentarios escritos y peticiones para comparecer en la audiencia, junto a un resumen del testimonio, antes del día 15 de ese mismo mes.