Crisis del coronavirus

Sánchez obliga a Almeida a devolver 400 millones a los bancos que podría destinar contra el coronavirus

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Sánchez obliga a Almeida a devolver 400 millones a los bancos que podría destinar contra el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obligará al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a devolver 400 millones a los bancos que podría destinar a la lucha contra el coronavirus.

Aunque consistorios como el de Madrid no tienen competencias sanitarias -les corresponden esencialmente a la autonomía- lo cierto es que podrían usar este dinero para medidas de desinfección, limpieza y, sobre todo, para estímulos fiscales para los empresarios, que están sufriendo gravemente las consecuencias del estado de alarma para evitar la enfermedad.

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que modifique la Ley de Estabilidad para introducir nuevos supuestos de aplicación del superávit. Sólo así Madrid podría destinar más de 420 millones de euros de manera urgente a acciones de lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus y a atenuar las consecuencias económicas.

Por ahora, Sánchez sólo ha permitido que todos los ayuntamientos de España destinen 300 millones, de los que a Madrid les correspondería tan sólo 20. Es decir, que 400 millones los tendrá que devolver a los bancos -para amortizar deuda- a pesar de que Madrid es sin duda la capital más afectada por la pandemia.

Almeida ha apostado hasta ahora, con los recursos disponibles, por bajadas tributarias muy llamativas en su plan de choque contra el coronavirus, algo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha obviado: ha apostado principalmente por avales, préstamos y aplazamientos de obligaciones tributarias, lo que las organizaciones empresariales lo consideran insuficiente. 

El alcalde de Madrid, tras conocer el detalle de la liquidación del año 2019, ha elevado a 420 millones de euros la  cantidad procedente de recursos propios que el Ayuntamiento podría emplear para hacer frente a la pandemia. “Si el Gobierno no amplía los supuestos y la cantidad determinada el pasado martes en el real decreto de urgencia, vamos a tener que realizar una amortización anticipada de deuda a los bancos por casi 400 millones de euros que podríamos emplear para medidas urgentes tanto sociales como económicas”, ha explicado. «Los ayuntamientos de España tenemos los recursos, solo necesitamos que el Gobierno de España nos autorice a utilizarlos”, ha avisado.

El informe de la Intervención del principal consistorio de España determina que «del remanente de tesorería disponible en 2019 se han quedado sin destinar a los fines previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (amortización de deuda, aplicación a la cuenta 413 y ejecución de IFS) un total de 420.055.051 euros». El Real-Decreto Ley aprobado por el Gobierno de la nación sólo permite destinar 300 millones entre todas las corporaciones locales de España, de manera que Madrid sólo podría emplear apenas 20 millones de euros de los 420 disponibles.

El Ayuntamiento de Madrid lleva una semana -en la que ha variado la situación económica sensiblemente- solicitando financiar las medidas de la emergencia económica con cargo al remanente de tesorería. De esta forma, dejaría de tener como finalidad preferente la amortización anticipada de deuda prevista en el artículo 32 de la Ley de Estabilidad, siempre que la entidad local haya atendido las obligaciones con terceros que tiene prevista la ley, como es el caso de Madrid. El entorno ha cambiado y la legislación tiene que adaptarse a la nueva realidad económica del país.

Madrid propone que los gastos realizados por las entidades locales destinados a la lucha contra el coronavirus no computen a efectos de la regla de gasto y de capacidad de financiación, y se puedan financiar con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del presupuesto.

Este remanente dejaría de tener como «finalidad preferente la amortización de deuda anticipada prevista en la Ley de Estabilidad siempre que la entidad local haya atendido a las amortizaciones ordinarias». De esta forma, además no se menoscabaría la capacidad del Ayuntamiento para nuevas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

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