La Guardia Civil dice que un colaborador de la TV de Iglesias y Rubén Sánchez (Facua) es miembro de una red de acoso
El atestado policial vincula a 'Diario Red' con la difusión de datos privados obtenidos de forma irregular
Uno de los investigados preguntó a ChatGPT sabedor de sus maniobras: "¿Qué requisitos cumple el ciberacoso?"
La Guardia Civil ha documentado en un nuevo atestado que Román Cuesta, colaborador habitual de Canal Red —la televisión online de Pablo Iglesias—, y Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, participaron en la difusión de información personal obtenida por una presunta red que se movía en canales de Telegram y perfiles de X para desvelar información privada.
OKDIARIO ha tenido acceso a un sumario judicial de más de 600 páginas abierto por presuntos delitos de revelación de secretos, amenazas y odio ideológico. El caso se instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona.
El atestado, elaborado hace escasos meses por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, describe una mecánica reiterada: los canales de Telegram investigados y varios perfiles de X –el antiguo Twitter– publican los datos personales, familiares y laborales de personas consideradas ideológicamente contrarios, y acto seguido los medios de comunicación de Iglesias y figuras públicas recogen y amplifican esa información.
Denuncia por acoso digital
El origen del procedimiento es la denuncia presentada el 25 de abril de 2025 por un músico vallisoletano ante la Guardia Civil de Barcelona. El artista, líder de Pugilato grupo de metal de ideología de derechas y con más de 67.000 seguidores en X, aportó un escrito de varias pruebas certificadas que han abierto el caso.
Sus datos privados —domicilio familiar en Valladolid, teléfono fijo y matrícula de un vehículo— fueron publicados sin su consentimiento en julio de 2024.
La denuncia incluía expresamente a Román Cuesta y vinculado al medio Diario Red, cuyo fundador, según consta en el propio atestado policial, es «el Fundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno de España D. Pablo Iglesias Turrión».
Según la Guardia Civil, la dinámica operativa era la siguiente: los grupos de Telegram o perfiles de X investigados publicaban la identidad y datos personales de alguna persona «políticamente antagónica» y, a continuación, el periodista recogía esa información y elaboraba «largos artículos de ‘investigación’ donde da a conocer estos detalles y hace que la misma adquiera una especial difusión.»
El propio Román Cuesta dejó rastro de esta colaboración en sus redes. En un mensaje en X, escribió que «el mérito de toda la investigación es de los compañeros L., D., B. Y E.», siendo esta última cuenta la atribuida por la Guardia Civil a otro de los tres investigados en la causa.
Artículos sobre el denunciante
El atestado recoge que Diario Red ha publicado varios artículos sobre el denunciante siendo Román Cuesta el autor de varios de ellos. Entre los enlaces citados en la propia denuncia figura uno de junio de 2024 que le vincula a «organizaciones cristofascistas» y otro de abril de 2025 que le relaciona con lo que el artículo denomina «la familia Rico.»
El 1 de abril de 2025, Román Cuesta publicó un artículo donde desveló la identidad de un usuario de X. El texto, según la Guardia Civil, revelaba «nombre, apellidos, localidad de residencia y puesto de trabajo de la persona en concreto», añadiendo que «dicha revelación se produciría exclusivamente por motivos ideológicos.»
La misma dinámica se ha documentado respecto a otras personas. El 23 de abril de 2025, según el atestado, Cuesta «procedió del mismo modo con Pablo Gasca González, persona vinculada al partido político Vox.»
Difamación amplificada
La denuncia también apunta a Rubén Sánchez como parte de esta cadena de difusión. El análisis forense del teléfono Samsung Galaxy intervenido al funcionario de prisiones Víctor Eladio Romero el 23 de julio de 2025 ha revelado que el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción figura en los contactos del dispositivo bajo el nombre «Ruben Facua» en WhatsApp y como destinatario recurrente de correos electrónicos enviados desde una cuenta Hotmail atribuida al investigado.
El atestado policial documenta una docena mensajes enviados desde esa cuenta al email del dirigente de Facua entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2018, con archivos adjuntos cuyos nombres hacen referencia a perfiles de redes sociales, así como un hilo de conversación del 27 de abril de 2025 en el que ambas cuentas comparten una investigación sobre la identidad real de un usuario anónimo de X conocido como «Capitán Bitcoin».
La Guardia Civil precisa, no obstante, que «hasta la fecha no se han encontrado indicios que relacionen directamente a Rubén con la investigación llevada a cabo sobre los hechos denunciados por el denunciante», pero considera que las pruebas del dispositivo «le relacionan con la actividad de obtención de datos personales que los investigados desarrollaban en la red», por lo que ha incorporado sus datos al procedimiento «atendiendo a la posible evolución de la investigación y a la probable existencia de otras causas abiertas por hechos relacionados».
Rubén Sánchez García, activista político con casi 400.000 seguidores y con un programa en la televisión online de Iglesias, no fue un receptor pasivo de información sino un participante activo en el intercambio. «Hola, como te comenté por privado…», le decía un internauta a Rubén Sánchez, lo que demuestra para la Guardia Civil que ambos tenían contacto fluido.
Por ejemplo, el 27 de abril de 2025, después de recibir de Víctor Eladio un correo titulado «Sobre Capitán Bitcoin», Sánchez lo reenvió desde su email personal tanto a una tercera dirección adjuntando cuatro archivos de imagen con una investigación colectiva destinada a revelar la identidad real del usuario anónimo de X conocido como «Capitán Bitcoin».

Posibles delitos
La Guardia Civil ha calificado los hechos atribuidos a los denunciados como constitutivos de un delito de odio del Código Penal, invocando la Sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que establece que «basta la mera discriminación por motivos ideológicos para estar ante la comisión del delito», sin necesidad de que la víctima pertenezca a ningún colectivo vulnerable específico.
La causa no se ha limitado a las figuras mediáticas. Tres personas han sido ya identificadas como presuntos autores materiales de los hechos: un tuitero de Constanti (Tarragona); otro detenido en Coín (Málaga) el 5 de junio de 2025 e ingresado en prisión en cumplimiento de una condena anterior; y Víctor Eladio Romero Cavero, funcionario penitenciario detenido en Villaviciosa (Asturias) el 23 de julio de 2025. Sus prácticas en el centro penitenciario de Asturias ya le trajeron problemas con la Justicia.
Rubén Sánchez se defiende
Consultado por OKDIARIO, Rubén Sánchez ha negado cualquier irregularidad y ha enmarcado su actividad en el ejercicio del periodismo de investigación. «Soy periodista y el trabajo que desarrollo investigando perfiles anónimos dedicados a la difusión de discursos de odio ultraderechista en las redes sociales bebe siempre de fuentes abiertas al público y no incurre en ningún tipo de ilícito penal», ha afirmado. Sostiene que «habitualmente» consulta a sus abogados antes de publicar.
Rubén Sánchez esgrime que su nombre aparece en la investigación como consecuencia de «una de las muchas denuncias que en los últimos años han interpuesto contra mí o contra personas con las que he tenido contacto distintos personajes de la extrema derecha», y ha precisado que tuvo conocimiento de ello porque el abogado @SrLiberal en Twitter le llamó por teléfono para advertírselo «al tiempo que me exigió que borrase un tuit donde le mencionaba». Dice que actualmente hay dos investigaciones judiciales y policiales abiertas para localizar a dos personas que le han «amenazado de muerte».
El activista añade que varios de sus investigados han intentado presentarse como víctimas «cuando he destapado sus identidades o publicado su historial delictivo», y que en ninguno de los casos en que ha sido llevado a los tribunales ha recaído condena alguna contra él. Respecto al caso concreto de Capitán Bitcoin, objeto de análisis en el atestado, Rubén Sánchez dice que «algunas de las víctimas de Capitán Bitcoin han estado años intentando averiguar su identidad para denunciarlo», y que dicha identidad «fue destapada el año pasado.»
Ahora le toca al juzgado determinar hasta dónde llega la responsabilidad de cada eslabón en esta maraña de conexiones.