Las exigencias económicas de los socios de Sánchez: saldar deudas autonómicas y encarecer el despido

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha salido de su ronda de contactos para su investidura con una lista de exigencias económicas de los diferentes grupos parlamentarios que incluyen poner limitaciones al despido, cambios en la Ley de Vivienda, y dar por terminado el déficit fiscal de Cataluña y otras comunidades.

Las primeras propuestas en el plano económico salieron de la reunión entre Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, donde la última exigió avanzar hacia la reducción de la jornada laboral y encarecer el despido para, al menos, recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado en un despido improcedente.

Las exigencias económicas

Sobre esta cuestión también se pronunció el diputado del BNG, Néstor Rego. Y es que, el Bloque Nacionalista junto a Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu decidieron no apoyar la reforma laboral del 2021 precisamente por no modificar la indemnización de 33 días por año trabajado.

Ahora Rego ha aprovechado la ronda de contactos para exigir a Sánchez un despido más caro. Pero no sólo eso, también plantea transferir de una vez la AP-9 a Galicia y que terminen los peajes en esta autopista a cambio de su sí en la investidura.

Negociación de los Presupuestos

Quien también deslizó alguna de sus peticiones económicas fue el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. El diputado apuntó tras reunirse con Sánchez que haría propuestas para «retocar» la Ley de Vivienda, ya que desde la formación vasca consideran que mediante la norma el Estado invade competencias de las comunidades autónomas.

Esteban explicó que no tiene «tanto problema» con la materia a legislar en el texto, que pasa principalmente por el precio de la vivienda, pero sí tiene «discrepancias» por la invasión competencial.

La Ley de Vivienda fue aprobada en la pasada legislatura con el apoyo del Gobierno de coalición, ERC y Bildu. Meses más tarde, Esquerra propuso en el Parlament recurrir esta ley también por la invasión competencial. Aitor Esteban recordó este hecho y sugirió que en la actualidad son Bildu, cuyos votos son también imprescindibles para investir a Sánchez, y Sumar los «únicos que apoyan» el texto legislativo.

Esteban también señaló que le parecía lógico apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si finalmente había un pacto para investir a Sánchez.

Pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no tiene la misma visión y aseguró que las negociaciones de su formación son únicamente para la investidura y no para el proyecto de las cuentas públicas. «Nuestros votos se sudan», dijo Rufián tras su conversación con Sánchez, a quien trasladó también su petición de poner fin al déficit fiscal en Cataluña.

130 millones para Canarias

Por el lado de Coalición Canaria, la portavoz Cristina Valido insistió en la transferencia de las partidas presupuestarias pendientes a las islas, que, según sus cálculos, suman algo más de 130 millones de euros.

Si bien la formación insular mantiene su no a Sánchez, Valido señaló que en función de cómo avanzaran estas partidas presupuestarias se podría abrir a una abstención. De momento la diputada indicó que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, había mostrado alguna discrepancia con la cifra calculada por Coalición Canaria, y también que a finales de este mes el Gobierno transferiría parte del dinero pendiente al archipiélago.

También Compromís, uno de los partidos de la coalición Sumar, ha puesto sobre la mesa sus exigencias económicas. La formación pide nivelar la financiación de la Comunidad Valenciana respecto a la estatal porque considera que el sistema vigente «discrimina» a los valencianos en términos de financiación.