Ministerio de Seguridad Social

Cerca de 75.000 pensionistas sufren un recorte en la paga extra por un cambio de criterio de Hacienda

pensión viudedad
Pensionistas.

La paga extra que han recibido este miércoles alrededor de 75.000 pensionistas se ha visto recortada por sorpresa. El recorte que ha sido de en torno a 400 euros de media por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, se produce como consecuencia de un cambio de criterio adoptado por el Ministerio de Hacienda, que ha endurecido la aplicación de descuentos sobre el importe de la prestación cuando estén afectadas por embargos, según explica el Ministerio de Seguridad Social.

Esta decisión ha sido adoptada por Dirección General de Tributos y ha pillado por sorpresa a la mayor parte de los pensionistas afectados que no habían recibido notificación alguna de la Seguridad Social ni tampoco del Ministerio de Hacienda. El cambio de criterio obedece a un endurecimiento en las restricciones sobre el que se venía aplicando hasta ahora con normalidad.

«En los meses de paga extra de estaba deduciendo menos de lo que la dirección general de tributos dice ahora que hay que descontar. Así que los que tengan embargada parte de la pensión este mes, algunos, cobrarán menos», explican a El Mundo desde la Seguridad Social.

Así, desde el ministerio que gestiona todos los trámites de las pensiones han defendido que esta nueva política de embargos en relación con las prestaciones está sujeta a las normas tributarias que marca Hacienda. De este modo el recorte se aplica únicamente sobre la paga extra, por lo que en la correspondiente al mes de enero no se aplicará.

Pensiones

El pasado jueves el Pleno del Congreso aprobó las recomendaciones del Pacto de Toledo, que servirán de orientación para la reforma del sistema público de pensiones, así como los votos particulares presentados por los grupos y que hasta ahora no cuentan con suficiente mayoría para ser incluidos. En la comisión, las nuevas recomendaciones salieron adelante con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu optaron por abstenerse. Únicamente Vox votó en contra.

El acuerdo en el Pacto de Toledo supone el final de un camino que comenzó en otoño del pasado 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

El nuevo texto, además, incluye una recomendación ‘cero’ con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una «transformación radical» del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad, según el texto pactado por la Comisión. Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como «fuente básica» de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

Entre los principales aspectos del nuevo acuerdo se encuentra la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas. Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.

Del mismo modo, las recomendaciones hacen referencia a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

Respecto al procedimiento para calcular la nueva pensión, el nuevo acuerdo asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022–, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión. Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.

En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.

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