La España de Sánchez alcanza una cifra récord de violencia callejera: 2.600 reyertas al mes

La España de Pedro Sánchez alcanza una cifra récord de violencia callejera: 2.600 reyertas al mes de media. Así se desprende de los propios datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2025. La violencia callejera se ha disparado nada menos que un 72% desde que gobierna Sánchez. En total, el año pasado se registraron en nuestro país hasta 31.481 infracciones penales de de esta naturaleza. 

Esta cifra total de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias supera los registros de la última década. Una realidad criminal que no sólo ha supuesto un empeoramiento del 7,2% respecto a las cifras de 2024, sino que también supera ampliamente todos los balances previos.

En 2025 se produjeron 2.115 reyertas más que el año anterior y alcanzan cifras históricas en todas las Comunidades Autónomas, salvo en Cataluña, Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla. Castigaron especialmente a Andalucía (18,6% del total de las de España), Cataluña (13,4%), la Comunidad Valenciana (12,6%) y Madrid (12,1%).

El mayor deterioro en 2025 respecto al año anterior lo sufrieron los ciudadanos de Ceuta (+27%), Navarra (+23%), Castilla la Mancha (+18%), Extremadura (+17%) y Galicia (+14%). Sólo en esas cuatro regiones se concentra casi el 57% de la violencia callejera de España.

Fracaso de gestión, denuncian los policías

Con esta violencia se topan a diario los policías nacionales durante sus intervenciones. La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que «este deterioro de la seguridad en la calle, que tiene un impacto directo en las condiciones de trabajo de los policías nacionales, es un indicador objetivo que acredita que la gestión del Ministerio del Interior en este ámbito está siendo un fracaso».

«Frente a esa dura realidad, Interior parece incapaz de encontrar la solución a un fenómeno que transcurre parejo al del aumento de las agresiones contra policías», declara Raúl Domingo, secretario general del sindicato, indicando que desde que Fernando Grande-Marlaska está al frente del Ministerio del Interior, se han producido incrementos de estos delitos todos los años, excepto el de la pandemia.

«Estamos ante un fenómeno grave que Interior no puede seguir ignorando porque se está poniendo en riesgo a diario la seguridad personal de los policías», subraya la CEP.

Según informa, en ciudades en las que la Policía Nacional ejerce esas competencias por demarcación territorial, se viene produciendo un aumento más llamativo de estas infracciones penales. Madrid es el caso más representativo, ya que en 2025 creció un 12,22% la cifra de delitos asociados a la violencia callejera, alcanzado igualmente un máximo histórico en la última década y superando ampliamente –en hasta cinco puntos porcentuales– los malos resultados de la media nacional.

Reforzar el principio de autoridad

Para este sindicato, la solución a esta lacra pasa por adoptar de inmediato medidas que «refuercen el principio de autoridad, la integridad física de los policías y, en última instancia, la seguridad del despliegue de prevención de la delincuencia». Sin embargo, la CEP denuncia que lejos de ello, «Interior sigue bloqueando la profesión de riesgo para policías y la compra de más medios de protección».

En este sentido, señala una cascada de ejemplos que «acreditan esa escandalosa forma de lavarse las manos y no apostar por el refuerzo de nuestra protección física y jurídica».

Los desprecios se amontonan

En primer lugar, la negativa reiterada del Departamento de Marlaska a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que, desde febrero de 2024, le obliga a desarrollar el Real Decreto que regule el seguro de responsabilidad civil para los policías nacionales.

Según explica este sindicato, que fue el que ganó dicha sentencia, Interior mantiene una «actitud insumisa y se niega a cumplir lo que le ordenó el Alto Tribunal, evitando así que los profesionales de la seguridad pública dispongan de una herramienta esencial en su trabajo».

Asimismo, alude a la negativa a reconocer a los policías nacionales la profesión de riesgo, a dignificar su jubilación o equipararnos salarialmente con Cuerpos policiales autonómicos y locales, y a poner sobre la mesa el esfuerzo presupuestario necesario para potenciar la compra de medios de protección ante el aumento de la violencia en la calle o el uso de armas de fuego por parte de los grupos de crimen organizado.

A todo ello se suma que Interior «solamente tenga previsto llegar a los 5.000 inmovilizadores eléctricos en 2028, cuando en el área de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional hay unos 20.000 agentes».

Además, la CEP denuncia que hay «otras muchas prioridades presupuestarias que se siguen ignorando y que son vitales, como son la potenciación de la compra de armas largas –en siete años se han incorporado a las capacidades policiales menos de 2.500–, los dispositivos de grabación unipersonal –se espera llegar sólo a 11.000 en 2028– o la adquisición de vehículos suficientes para renovar y fortalecer el parque móvil de las unidades policiales que se enfrentan al crimen organizado, como las Unidades de Prevención y Reacción y las Unidades de Intervención Policial».

«Cuando lo que nos jugamos los policías es nuestra integridad física, Interior no puede seguir asistiendo, sin pestañear, a un aumento tan preocupante de la delincuencia callejera en España», critica Raúl Domingo.

E insta al Gobierno a lanzar un mensaje contundente frente a los violentos, demostrándoles que en este país el imperio de la Ley no se negocia y a dejar claro que el principio de autoridad es el que garantiza la convivencia pacífica y la protección de los derechos y libertades de todos los españoles.

«Todavía estamos a tiempo de hacer de nuestras calles un lugar más seguro para los ciudadanos», apunta, emplazando a Interior a adoptar medidas de forma urgente para poner coto al aumento de las reyertas en las calles de España y de las agresiones a los agentes.