El Gobierno niega a la Guardia Civil la jubilación anticipada por ser un cuerpo «de naturaleza militar»

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado definitivamente a otorgar a la Guardia Civil el derecho a una jubilación anticipada en el mismo procedimiento que a la Policía Nacional. El Ejecutivo socialista ha justificado que el Instituto Armado está «sujeto a un régimen jurídico distinto» por ser «de naturaleza militar». Otros cuerpos autonómicos como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza ya gozaban de estos beneficios antes que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la socialista Elma Saiz ha llevado a audiencia pública los informes necesarios para aprobar el Real Decreto por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los miembros de la Policía Nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.

Este es el segundo paso por el que tienen que pasar este tipo de normas que salen del Gobierno. Después, tendrá que ir al Congreso, donde los diputados deberán darle su visto bueno.

OKDIARIO ya desveló que, en un primer momento, el Ejecutivo socialista no había incluido a la Guardia Civil en la norma que otorgaría el derecho a una jubilación digna a la Policía Nacional. El Gobierno cumplió así una sentencia del Tribunal Supremo que falló contra el Estado por negar sistemáticamente a los policías nacionales el derecho a la jubilación anticipada, un privilegio que sí reconoce y financia para cuerpos autonómicos y locales. Pero lo hizo de forma restrictiva, aplicándolo sólo a los policías.

Los agentes y representantes de la Guardia salieron en tromba a protestar por esta ausencia. Tal y como muestra el informe del Gobierno, el Ejecutivo recibió 634 solicitudes en el trámite de consulta pública, el primer paso en este tipo de normas, para «la inclusión de los miembros de la Guardia Civil en el proyecto de real decreto». Los miembros de la Benemérita consideraban que su ausencia era una «situación de discriminación».

«No se acepta» por ser cuerpo militar

Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Inclusión ha sido tajante: «No se acepta». Así pues, el Gobierno considera que «la Guardia Civil tiene la condición de instituto armado de naturaleza militar». Esto, en palabras de la cartera de Saiz, le otorga «un marco jurídico y funcional diferenciado respecto a otros cuerpos policiales de carácter civil, como la Policía Nacional o las policías autonómicas y locales».

«Aunque la sentencia de referencia realiza alguna mención a la Guardia Civil, no se pronuncia sobre este cuerpo por cuanto no es objeto del procedimiento», concluye el informe gubernamental en alusión a la decisión del Supremo que exige dar este derecho a la Policía Nacional.

«Lo que se está pretendiendo es aplicar la jurisprudencia de la Sala a un supuesto diferente, con el que guarda similitudes», expresa el documento del Ministerio. Asimismo, subraya que el cuerpo de la Guardia Civil está «sujeto a un régimen jurídico distinto». «Eso debe sustanciarse mediante un proceso específico y no mediante el limitado y estrecho cauce establecido», sentencia el informe del Gobierno.

En todo caso, no cierra la puerta completamente a la Guardia Civil. Sin embargo, emplaza a los agentes de la Benemérita a «seguir el procedimiento regulado en el Real Decreto 402/2025» y presentar una «solicitud» que debe ser entregada «por las partes legitimadas». Es decir, insta al Instituto Armado a empezar todo el proceso de nuevo y exigir únicamente para ellos el derecho a una jubilación anticipada. Algo que, por otro lado, ya han hecho, pero se han encontrado con el silencio de la administración.