La Audiencia de Barcelona deja la fianza a Narcís Serra y otros miembros de CatalunyaCaixa en tan sólo 2,56 millones

La Audiencia de Barcelona ha rebajado de 9,5 millones a un máximo de 2,56 millones la fianza fijada en concepto de responsabilidad civil para la antigua cúpula de CatalunyaCaixa, con su antiguo presidente Narcís Serra por los sobresueldos a sus exdirectivos, según un auto al que ha tenido acceso Efe.

El tribunal que juzga a la excúpula de la entidad atiende así la demanda efectuada por las defensas del expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y del exdirector general Adolf Todó, al que también se ha levantado otra fianza exclusiva para él de 808.563 euros, al haberse retirado la acusación ejercida por la Confederación Intersindical de Cajas.

La defensa de Serra y Todó argumentó el pasado 4 de octubre, en la sesión de cuestiones previas del juicio, que la CUP, que ejerce la acusación popular, carecía de legitimidad para reclamar fianza, ya que no resultó perjudicada por los sobresueldos, y por ello solicitó que al menos se la rebajara hasta los 2,56 millones reclamados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado.

«Debe reconocerse prosperidad jurídica a la tacha de legitimación en esa específica condición de parte acusadora», señala el tribunal, en alusión a los argumentos de la defensa de Serra y de Todó en contra de la CUP. Serra ya aseguró que no se arrepiente de nada de su gestión.

En abril de 2017, el titular del instrucción número 30 de Barcelona impuso una fianza de 9,5 millones de euros a los exdirectivos de CatalunyaCaixa Narcís Serra y Adolf Todó, así como a otros 39 exmiembros de su Consejo de Administración, por los sobresueldos en la antigua cúpula de la entidad bancaria.

Para justificar la rebaja de la fianza, el tribunal recuerda que, en este caso, la acusación popular la ejerce un «partido político», en alusión a la CUP, y apunta que las formaciones políticas no son órganos constitucionales, sino «entes privados de base asociativa».

Asimismo, el tribunal subraya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, que representa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en este caso, han hecho «objeción alguna» a la demanda de las defensas de que se rebajara la fianza.

Esos 2,56 millones de fianza corresponden al perjuicio económico causado a CatalunyaCaixa por los aumentos salariales aprobados en dos Consejos de Administración, uno celebrado en enero de 2010 y otro en octubre de ese año, después de que el FROB inyectara 1.250 millones en la entidad.

En concreto, la Fiscalía estima que, en el caso de Todó, estos acuerdos de incremento salarial causaron un perjuicio de hasta 1,45 millones a la entidad, y de otros 1,11 millones en el caso de los aumentos retributivos autorizados a Jaume Massana.

Sin embargo, el tribunal, tal como ya avanzó el pasado 4 de octubre, desestima la intención de las defensas de Serra y Todó de declarar nulo el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de instrucción.

Asimismo, tampoco acepta la pretensión de la defensa de Todó de tratar de limitar el alcance del perjuicio económico causado en la antigua Caja alegando vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y de defensa, por concluir que no existió vulneración de esos derechos.

Sin embargo, el tribunal deja sin efecto la fianza de 808.563 euros fijada exclusivamente para Todó, tras recordar que la había solicitado la Confederación Intersindical de Cajas, y que este sindicato dejó de ser parte activa de este proceso en septiembre.

Una vez resueltas las cuestiones previas, las declaraciones de los acusados comenzarán el próximo 11 de octubre, cuando intervendrán ante el tribunal el expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y el exdirector general de la entidad Adolf Todó.

En cualquier caso, Serra ya defendió ante los medios de comunicación la legalidad de los aumentos de salario aprobados en 2010 a la excúpula de la entidad financiera, y añadió que no se arrepentía de su gestión.

En total, la sección octava de la Audiencia juzga a un total de 41 miembros del Consejo de Administración, entre ellos Serra y Todó, por autorizar «desproporcionados» sueldos a la cúpula de la antigua Caja de Ahorros pese a la crítica situación que atravesaba la entidad, que tuvo que ser recapitalizada con una inversión de dinero público de más de 12.000 millones de euros.

La Fiscalía atribuye a un total de diecisiete personas, entre ellas Serra y Todó, dos delitos de administración desleal, para los que pide cuatro años de cárcel, mientras que para otros 24 exdirectivos de CatalunyaCaixa pide dos años de prisión por un único delito de administración desleal.