Valencia se rebela contra Sánchez: prepara una gran movilización este sábado por una financiación justa

Valencia se rebela contra Sánchez: prepara una gran movilización este sábado por una financiación justa. La mayoría de los partidos, sindicatos y empresarios acudirán a la convocatoria.

Rara vez partidos, sindicatos, empresarios y organizaciones acuden unidos a una movilización. Este sábado, en su mayoría, irán a tres: en las ciudades de Alicante, Castellón y Valencia. Todas a las 18 horas. Así lo acordaron en el seno de la Plataforma para Una Financiación Justa. Reclaman que Sánchez conceda a la Comunidad Valenciana el peso económico que merece según los criterios de población de población y recursos con los que contribuye. Y que lo haga ya. Quieren poner fin al hecho de que la Valenciana sea la Comunidad que menos recibe.

En cifras cuantitativas, la Comunidad Valenciana percibe 1.325 millones de euros anuales menos de lo que le correspondería. En cifras porcentuales, sus ingresos están un 10% por debajo de lo que le debería recibir y un 29% menos que las comunidades mejor financiadas.

Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) cada valenciano percibe 215 euros menos que la media española. Algo que Sánchez, hasta la fecha, tampoco ha hecho nada por mejorar, como lo demuestra el caso de Alicante: en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, la inversión por alicantino es de 98 euros, mientras que en Cataluña es de 312 euros: 214 euros menos. Prácticamente la misma infrafinanciación, también en los PGE, en un solo año, que indicaba el mencionado informe de FEDEA de media. 

Las movilizaciones del sábado se acordaron el pasado 10 de septiembre en Valencia. Tiempo más que suficiente para que el presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez hubiera movido ficha. Sin embargo, ante la desesperación de la Comunidad Valenciana y de otras igualmente mal financiadas no ha sido así. A lo más que se ha llegado ha sido al compromiso de destinar fondos de transición a las comunidades hasta que se apruebe el nuevo sistema, lo que viene a significar que ese nuevo sistema de financiación tampoco se aprobará antes de que concluya el año. También, las Cortes Valencianas aprobaron en el debate de política general de la Comunidad Valenciana una iniciativa del Partido Popular para instar a Sánchez a aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, que entrase en vigor en enero de 2022. Pero Sánchez no se dio por aludido. 

La decisión de realizar tres movilizaciones, una en cada capital de provincia de la Comunidad Valenciana, el próximo sábado, se adoptó el pasado 10 de septiembre. Su objetivo es exigir a Sánchez esa financiación justa y tejer alianzas con otras comunidades. Lo que se reivindicará en la movilización serán, esencialmente, tres cosas: una reforma de la financiación que contemple medidas transitorias hasta quedar definitivamente pactada y cerrada entre el Gobierno y las Comunidades, que las inversiones proyectadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ejecuten y no pasen de un año a otro y que respondan realmente al peso poblacional de la Comunidad Valenciana en el Estado español y, finalmente, el reconocimiento de los déficits acumulados por la mala financiación a lo largo de los años, de modo que se establezcan mecanismos que compensen esa mala financiación histórica.

Vox, a través de su síndica en las Cortes Valencianas Ana Vega, ha adelantado que ellos no acudirán. En su caso, porque abogan por devolver todas las competencias al Estado y que se reparta de manera igualitaria. Entienden, además, que no es de recibo que para lograr una mejor financiación prime más que se dé soporte al gobierno central «como está pasando con los nacionalistas en Cataluña y que todo valga». A juicio de Vox, los españoles debemos ser iguales en la financiación, porque mientras existan 17 «mini Estados, que son voraces a la hora de consumir recursos» y siga habiendo esta cantidad de «instituciones, organismos y chiringuitos, que están duplicados» nunca podrá haber una igualdad efectiva entre españoles.