Atasco de Oltra en la Dependencia: 25.073 reclamaciones pendientes por responsabilidad patrimonial

El atasco de la Consejería de Mónica Oltra por reclamaciones de responsabilidad patrimonial en la Dependencia que ya deberían estar resueltas alcanza los 25.073 expedientes.

Así, lo revela la página web del Defensor del Pueblo valenciano, Angel Luna, en el resumen de resolución de la queja abierta de oficio por los retrasos en los expedientes que deben valorar la responsabilidad patrimonial de la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Valenciana. En respuesta a las peticiones de información de la institución, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra informó al defensor de que a día de hoy 14.000 familias siguen sin cobrar la prestación de su pariente fallecido y que muchas de esas familias acumulan ese retraso desde hace 4 años (2017). A todas ellas, hay que añadir otras 3.634 familias que están a la espera de que les sean compensadas las minoraciones y 7.150 por el dinero del copago. En total, la Consejería de Oltra acumula un atasco de 25.073 reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Dependencia, que por ley ya deberían estar resueltas. El defensor ya había hecho referencia a la tardanza de los expedientes para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Dependencia tanto en su informe anual de 2018 como en el de 2019, pero al observar que seguía la misma dirección el pasado año, 2020, decidió actuar de oficio y abrió la queja. 

Entre reclamaciones de oficio y de parte, en 2018 se presentaron 11.966 quejas, de las que sólo han quedado resueltas 19. Actualmente, hay otros 378 expedientes próximos a resolución. En su investigación el defensor se hace también se hace eco de que ni en la página web ni en los formularios existe mención alguna a los intereses que pueden corresponder a esas familias a consecuencia del retraso y le reclama que lo incluya.

Tras un amplio contenido expositivo y explicativo del procedimiento seguido por el propio defensor para la resolución de la queja, éste concluye con una amplia batería de recomendaciones y sugerencias (hasta 7), vistas las deficiencias que sufre el servicio. Así, le recuerda la obligación legal de dictar resolución expresa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial a instancia de parte y de hacerlo en el plazo máximo de 6 meses, como establece la ley. Recomienda, además, que no proceda a la apertura de expedientes de oficio, cuando ya se han iniciado a instancia de parte. Le sugiere que amplíe la información a la ciudadanía sobre el procedimiento que aparece en la web y que incluya todos los conceptos que resultan indemnizables, con mención expresa a los intereses de las cantidades que la Consejería debió haber hecho efectivas en vida de la persona dependiente y los perjuicios que hubiese sufrido el entorno de esa persona. También, sugiere correcciones en la nota informativa que aparece en su web y en los formularios disponibles en esa misma web para la reclamación de responsabilidad patrimonial en los casos de minoración y copago, añadiendo los intereses legales. Por último, sugiere que se instale una aplicación informática para la gestión de los expedientes.

El defensor también destaca la necesidad de que se elabore de un informe con las necesidades materiales y humanas para resolver el colapso de los expedientes. Y insta para que sobre las necesidades de esa información se adopten las medidas adecuadas para que el servicio funcione de un modo correcto.

La resolución del Defensor del Pueblo valenciano no es el único quebradero de Oltra. Hace algunas semanas, el Parlamento Europeo decidió abrir una investigación sobre otra de las materias que es responsabilidad de la también vicepresidenta del Gobierno valenciano. En aquel caso, los centros de menores.