El Síndic acusa a la Conselleria de Oltra de interferir en su investigación de centros de menores

Mónica Oltra, vicepresidenta primera del Gobierno valenciano.
Mónica Oltra, vicepresidenta primera del Gobierno valenciano.

El Síndic de Greuges o defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, cuyo titular es Angel Luna, ha ampliado la investigación dirigida a supervisar el funcionamiento de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, tras ver entorpecida su tarea a causa de la falta de respuesta adecuada por parte de la dirección de los centros y otras instancias de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra (Compromís).

La queja fue abierta de oficio el 28 de enero. Ese mismo día, según reza en el escrito, que es público y está colgado en la web de la institución, el Síndic solicitó a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas diversa información, referente tanto a las circunstancias de los diferentes centros (7), como a las actuaciones de la propia Consellería en relación con esos centros y teniendo en cuenta la situación causada por la pandemia, que en aquel momento se encontraba en su mayor pico, recibiendo como respuesta un informe de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia.

El síndic, tras recabar el citado informe, y siempre según el documento, remitió el 13 de abril a la dirección de los centros un cuestionario específico que debían devolver debidamente respondido. Casi un mes después, el 7 de mayo, y ante la falta de respuesta, el Síndic volvió a requerir a los directores de los centros, haciéndoles constar entonces la obligación legal de dar respuesta a las preguntas que efectúa la institución en el transcurso de la investigación de una queja.

Para sorpresa del Defensor del pueblo valenciano, quien respondió, el 24 de mayo, fue la Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, explica el Síndic en su escrito, que añade que a la respuesta se acompañaba un documento sin firma pero con membrete de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia, que recogía parte de los datos solicitados, pero dejaba sin responder otras cuestiones que el Síndic considera relevantes.

El Síndic entendió entonces, dice el escrito, que de los hechos parecía desprenderse que «alguien con autoridad suficiente dio instrucciones para que la respuesta a los cuestionarios directos e individualizados que pidió el Síndic se remitiera, incompleta, a la Dirección General de Infancia y Adolescencia para su posterior elaboración y envío a esta institución», según reza en el documento.

El 26 de mayo, el Síndic y sus adjuntos mantuvieron una reunión telemática con la Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, en la que pusieron de manifiesto la gravedad de la «intromisión» y solicitaron, de nuevo, una respuesta de la Consellería.

Pero, según relata el Síndic en su escrito, tampoco la hubo, por lo que el 7 de junio, se remitió personalmente a Mónica Oltra, en su condición de vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas un escrito, firmado por el Síndic de Greuges, que ponía en su conocimiento lo sucedido y reclamaba una respuesta que permitiera «recomponer la situación producida con la interferencia en la investigación», dice en el documento.

Sin embargo, la respuesta de la consellera Mónica Oltra, dice el Síndic en el escrito, venía a «respaldar la actuación llevada a cabo por la directora general de Infancia y Adolescencia, justificando la decisión de agrupar y modificar los cuestionarios enviados por el Síndic de Greuges y de centralizar, en la Dirección General, la recogida y envío de las respuestas». Sin que se ofreciera «ninguna actuación, por parte de la Conselleria» que permitiera llevar a efecto la investigación tal y como había sido diseñada y planificada» por el Síndic de Greuges.

Es por ello, que el Síndic considera en su escrito que las circunstancias relatadas anteriormente «ponen de manifiesto que se ha impedido concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio, lo que obliga a ampliar las actuaciones desarrolladas», afirma.  Por todo ello, el Síndic ha ordenado proceder a la visita de los siete centros objeto de estudio para conocer, de primera mano, la situación de los menores y las características del funcionamiento de los citados centros.

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