El PP rechaza que los pisos turísticos de Baleares multados por fiestas ilegales pierdan la licencia

El  Grupo Parlamentario Popular mayoritario en la Cámara balear, con 25 de 59 diputados, ha presentado una enmienda a la Proposición de Ley para prevenir la celebración de fiestas ilegales y actividades molestas en viviendas que se comercializan como estancias turísticas, en la que rechaza que los propietarios de pisos turísticos multados por vulnerar esta prohibición pierdan su licencia de comercialización.

La iniciativa legislativa, que lleva el sello de Més per Menorca y que está tramitándose en la Cámara balear, modificará la Ley de actividades para tipificar como infracción grave los problemas de convivencia que producen las fiestas y actividades ilegales en inmuebles que se alquilan a turistas.

El texto original propone que, además de ser sancionados con la correspondiente multa, ésta vaya acompañada de «la pérdida de los efectos de la declaración responsable de inicio de actividad turística para su comercialización y la prohibición de poder presentar una nueva hasta un plazo máximo de tres años».

Pero el PP, cuyo apoyo es clave para que esta ley sea refrendada por la Cámara balear, ha presentado una enmienda, en concreto la diputada Salomé Cabrera, en la que desaparece esta penalización y se insta a «propietarios, explotadores o comercializadores de viviendas turísticas, a que tomen medidas preventivas para contribuir a respetar el derecho al descanso de los residentes, de tal modo que si no se adoptan estas medidas preventivas, podrá ser sancionado».

Además, el partido del Govern de Marga Prohens propone la adición de un artículo único de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares. En el mismo se indica que las personas alojadas en este tipo de estancias deben cumplir los usos de convivencia y de orden público, así como en los casos de propiedad horizontal, las normas de régimen interior de la comunidad de propietarios donde la vivienda está ubicada.

Pero es la persona comercializadora la que debe hacer constar en el contrato de alojamiento que se firme con las personas usuarias de forma expresa, la prohibición de llevar a término fiestas u otros tipos de eventos que puedan ir contra las normas básicas de convivencia, o las que puedan fijar los estatutos de la comunidad de propietarios en las viviendas sujetas al régimen de propiedad horizontal.

«En caso de que se produzcan estas alteraciones, la persona comercializadora de la vivienda, a partir de que tenga constancia de los hechos, debe requerir el abandono de la misma en un plazo máximo de veinticuatro horas».

Por tanto, el objetivo de estas modificaciones va dirigido a que los propietarios, explotadores o comercializadores de viviendas turísticas tomen medidas preventivas para contribuir a respetar el derecho al descanso de los residentes, de tal modo que si no se adoptan estas medidas preventivas, es cuando podrían ser sancionados.

Como recoge el PP en una de sus enmiendas, en la última década han aparecido nuevas formas de alojamiento turístico, como el alquiler vacacional, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Muchas viviendas, tradicionalmente destinadas a la residencia permanente de ciudadanos de las islas, actualmente se destinan al alquiler turístico de corta duración, y de ahí, la necesidad de fijar controles sobre algunos aspectos de esta oferta.

Más allá de los efectos que este proceso ha tenido sobre el inflacionista mercado de la vivienda, tampoco se puede obviar los problemas de convivencia que están a veces ocasionando.

A menudo, en los inmuebles que se comercializan como estancias turísticas se organizan y se celebran fiestas que provocan una perturbación en el vecindario, impidiendo el ejercicio al descanso de los residentes e, incluso, de otros turistas próximos al inmueble, como viene sucediendo de forma cada vez más reiterada durante los meses de verano, en los principales enclaves vacacionales de Baleares.