dictadura lingüística

Las entidades catalanistas anuncian movilizaciones si Armengol aprueba que el español sea lengua vehicular

El Movimiento por la Escuela en Catalán exige la retirada de la Ley de Educación que el martes votará el Parlament

Los estudiantes de filología catalana se concentrarán ese día ante la Cámara autonómica en señal de rechazo

El Parlament de Baleares da el primer paso para imponer el 100% de la enseñanza en catalán

Armengol español
La presidenta del Govern, Francina Armengol, con representantes de la entidad Plataforma per la Llengua.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La independentista Plataforma per la Llengua, ampliamente subvencionada por el Govern de la socialista Francina Armengol, amenaza con movilizaciones en contra de socialistas, independentistas de Més y Podemos si la nueva Ley balear de Educación que el martes debatirá y votará el Parlament incorpora el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Los miembros de la Asamblea de Estudiantes de Filología Catalana de la UIB han anunciado ya que se concentrarán ante la Cámara autonómica a las 15.00 horas para expresar su rechazo y el colectivo secesionista de la Asamblea Soberanista de Mallorca también ha manifestado su apoyo porque «en Baleares la escuela debe ser plenamente en catalán».

La incorporación del castellano como lengua vehicular ya cuenta con el visto bueno de gobierno y oposición pero en la práctica no impedirá la imposición del monolingüismo del catalán en todos los ciclos educativos. La medida sólo da opción a que las direcciones de cada centro, afines a sindicatos y entidades del independentismo catalán en las Islas, abran la puerta a que algunas clases sean en castellano.

El delegado del denominado Movimiento por la Escuela en catalán en las Islas Baleares, Iván Solivellas, ha advertido de que al colectivo que encabeza le es «indiferente que gobiernen las formaciones de izquierdas» y amenaza con «movilizar el voto» en contra de las formaciones del actual Ejecutivo en las próximas elecciones, si el nuevo marco normativo educativo de Baleares califica el español como lengua vehicular. 

Solivellas criticó que la nueva Ley de Educación de las Islas recoja este calificativo, que no figura en la legislación nacional (LOMLOE o ley Celaá) por lo que consideró «inaceptable» esta posibilidad, recordando que la «lengua propia de las Islas Baleares es el catalán y que los poderes públicos tienen el mandato de protegerla y promoverla».

El bloque de media docena de entidades que engloba este colectivo reclamó a la presidenta Armengol y al conseller socialista de Educación, Martí March, mantener una reunión de urgencia para detener la tramitación de esta ley, exigiendo valentía a los responsables políticos y expresando que es una ley «sin consenso, para hacerse la foto y que menosprecia el catalán». Además, la plataforma insta a los partidos políticos del Ejecutivo balear, así como a Més per Menorca y a los regionalistas del Propuesta por las Islas (PI), a que no la aprueben, haciendo un llamamiento a todas las entidades y organizaciones de la sociedad civil, a expresar públicamente el rechazo. 

Según estas entidades secesionistas, incorporar la vehicularidad del castellano significa agravar aún más  «la situación de emergencia lingüística que padecemos, así como incumplir el mandato del Estatuto y la Ley de normalización lingüística». En este sentido, apuntan que abriría la puerta a que esta vehicularidad también se aplique en otras leyes futuras. 

Por ello, denuncian que se haya vendido como victoria el mantenimiento del Decreto de Mínimos, «pero esto es ya, de entrada, una derrota. Es una herramienta del siglo XX que ha quedado obsoleta en el contexto social y demográfico de 2022. Por eso, ya no tiene sentido hablar tan sólo de porcentajes cuando la realidad sociolingüística del catalán y el castellano no es la misma», apuntan. 

En este sentido, Aleix Font, representante de Unió Obrera Balear, ha expresado que «el Decreto de Mínimos es insuficiente porque la situación social del catalán ha empeorado». Además, ha añadido que «hay que ir más allá y que la derecha no puede marcar la agenda política».

La Asamblea de Estudiantes de Filología, por su parte, se ha adherido al rechazó a esta ley que califican de «ataque directo hacia la lengua catalana por la defensa del castellano como lengua vehicular , en clara posición privilegiada en las Islas a pesar de ser foránea».

Desde este colectivo denuncian que la situación del catalán en Baleares «es de emergencia generalizada» porque «cada vez hay un mayor abandono de la lengua propia, especialmente en la población más joven». «Llamamos al Govern a respetar y defender la lengua y la cultura propias de Baleares dentro de las aulas, denegando la posibilidad de uso del castellano a cualquier asignatura a excepción de la de lengua castellana», han remarcado.

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