Sánchez pacta con Bildu una amplia reforma de la Ley de Seguridad que desprotege a la Policía

La Ley de Seguridad Ciudadana, una de las normas más perseguidas por la izquierda, será reformada. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo este jueves con Bildu para modificar esta normativa, a la que las formaciones que sostienen al Gobierno tildan de Ley Mordaza. La portavoz de la formación abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha avanzado el pacto con el Gobierno para redactar una «nueva ley que sustituya a la ley mordaza». Esa norma eliminará los denominados «aspectos lesivos», con los cuales se protege a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Aizpurua ha comunicado en la sala de prensa del Congreso que han «acordado reformar las cuatro cuestiones pendientes» de la Ley de Seguridad Ciudadana, a los que se ha referido como «aspectos lesivos». Entre ellos, ha mencionado las «faltas de respeto, la desobediencia, las pelotas de goma y devoluciones en la frontera», conocida como devoluciones en caliente.

La portavoz abertzale ha aclarado que la nueva norma acabará con la «discrecionalidad en las sanciones para las faltas de respeto», que deberán ser «objetivables y justificadas». «Protegiendo el derecho a la libre expresión», ha justificado Aizpurua. La diputada de Bildu ha subrayado que las sanciones por falta de respeto se cancelarán en caso de «que la persona sancionada se retracte». «Las sanciones por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve», ha abundado.

«Se acaba con el uso de las pelotas de goma», ha anunciado. Ahora, según ha detallado Aizpurua, se utilizarán «medios menos lesivos». La portavoz de Bildu ha señalado que se trataba de una de «las reivindicaciones de la ciudadanía vasca».

«Por último, hemos conseguido que se aborde la problemática de las devoluciones en frontera desde una perspectiva humanitaria y garantista con los derechos humanos y el derecho internacional», ha declarado. Todo ello con el objetivo de proteger «el acceso y evaluación de posible protección previamente al proceso de posible expulsión», según explica la parlamentaria abertzale.

«Todo ello quedará reflejado en una nueva ley que sustituirá a la Ley Mordaza», ha recalcado. «Esta nueva ley orgánica de libertades y seguridad ciudadana recoge todos los acuerdos y avances logrados entre los diferentes grupos en la tramitación de la legislatura pasada, a los que se suman ahora las cuatro cuestiones pendientes del acuerdo que hoy presentamos», ha indicado.

El Gobierno anunció en su autodenominado plan de regeneración democrática –un proyecto para amordazar a los medios críticos– que reformaría la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Concretamente, indicó que reformaría la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde la izquierda abertzale replicaron que querían ir más allá en la modificación de los preceptos de la norma. Y, finalmente, el Gobierno ha cedido la reforma de la ley ante la formación liderada por el etarra convicto Arnaldo Otegi a cambio de su apoyo a su plan en contra de los medios críticos.

Reforma ansiada por Bildu

Todos esos «aspectos lesivos» que menciona Aizpurua son los que «generaron un bloqueo en la anterior legislatura», como ha recordado la portavoz de Bildu.  La ley fue aprobada por el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy en 2015, cuando contaba con una mayoría absoluta. Desde entonces, las críticas por parte de los partidos de izquierda no paraban de sucederse. Ya marzo de 2017 el PSOE intentó, sin éxito, tramitar esta reforma en el Congreso, ante un Gobierno del PP de Rajoy en minoría parlamentaria.

En la anterior legislatura también trataron de modificar esta norma infructuosamente. El Ejecutivo negoció durante un año y medio con sus socios en más de 50 reuniones formales e informales. La propuesta del Gobierno modificaba 36 de los 54 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, no tocaba ninguno de los preceptos que desde los partidos de la izquierda radical consideran «más lesivos». Son cuatro artículos que desde el inicio marcan las discrepancias, especialmente el material antidisturbios.

La reforma no salió adelante después de que ERC y Bildu votaran en contra del dictamen en la Comisión de Interior en marzo de 2023. Sus votos se sumaron a los de PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Junts, sumando un total de 19 noes frente a los 18 síes de PSOE y Podemos.

Apoyo de los cuerpos a la ley

A pesar de las críticas de la izquierda, la medida de protección de los agentes ha convencido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, acusaron al Gobierno de Sánchez de legislar «para sediciosos y delincuentes» ante sus continuos intentos de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana.

Jupol recordó que, junto a la Ley de Amnistía, el «nuevo intento de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana» evidencia que «este Gobierno legisla para sediciosos y delincuentes y abandona a los ciudadanos y a los policías». «Los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades», ahondaba la asociación.

«Esta reforma sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», apostilló el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez.